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POLÍTICA -
07 de Febrero de 2018

Revocan el procesamiento de Julio De Vido en la causa por los subsidios a los transportes

Los jueces Ballestero y Farah consideraron que la comparación de kilómetros y dinero entregado por el gobierno K, en el que se había basado el juez Bonadio para procesar, "no es preciso".

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La sala II de la Cámara federal porteña revocó el procesamiento contra Julio De Vido en la causa donde se lo acusó de administración fraudulenta por irregularidades en la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos durante el período entre 2003 y 2014. En el marco de dicho expediente se había procesado al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a su sucesor Juan Pablo Schiavi y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT), Alejandro Ramos (actual diputado nacional kirchnerista por Santa Fe), Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. A todos se les revocó el procesamiento.
Dicho mecanismo habría funcionado hasta la instalación y puesta en funcionamiento del Sistema de Posicionamiento Global -GPS- en las unidades.Según lo establecido en la causa, entre julio de 2003 y marzo de 2014- se implementó un sistema de entrega de subsidios al transporte público automotor de pasajeros "superiores a los que correspondían a partir de que se permitió que aquellos se calcularan, junto a otras variables, constatándose que las tareas de control, seguimiento y ajuste se presentaron tardías o, en la mayoría de los casos, inexistentes". Por tal motivo, el juez Claudio Bonadio procesó por administración fraudulenta con un fraude por más de 609 millones de pesos, al ex ministro de Planificación Federal y los demás implicados.
La defensa de De Vido, en aquel momento a cargo de Adrián Maloney sostuvo que el procesamiento no tenía sustento, ya que "las metodologías implementadas para la entrega de subsidios no eran competencia de su asistido sino de exclusivo resorte de la Secretaría de Transporte en conjunto con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte".Para el camarista Martín Irurzun, "la imputación así formulada se encuentra a esta altura suficientemente acreditada por cuanto, efectivamente, durante dicho período se promovió y mantuvo vigente un régimen operativo perjudicial a los bienes públicos administrados. Y agregó que "existió una clara voluntad de beneficiar indebidamente a determinadas empresas que obtuvieron así un lucro indebido en desmedro de la correcta administración de los bienes públicos".
Para Ballestero, el procedimiento empleado para contrastar ambos períodos (2003 y 2014) "carece de la necesaria precisión" ya que el cotejo fue "encarado desde una perspectiva estática, pasando por alto la consideración de variables que posiblemente hubieran incidido en los resultados obtenidos por el carácter dinámico del servicio público analizado".En disidencia con la postura de Irurzun, el juez Jorge Ballestero señaló que Bonadio "se ha servido de las conclusiones de un estudio comparativo (de kilometrajes) que, como bien lo señalaron algunas de las defensas en sus respectivos recursos, omitió incluir una serie de variables que necesariamente debieron ser consideradas teniendo en cuenta las características del hecho investigado".
Es decir, que hubo una "omisión de contemplar los cambios que naturalmente pudieron haberse producido con el paso del tiempo en las condiciones de circulación, en los trayectos y las rutas, y las modificaciones producidas en la infraestructura vial, entre otros factores". En lo que sí coincidieron Ballestero e Irurzun es en la validez de las indagatorias tomadas en el marco del expediente.Por tal motivo, en coincidencia con el juez Eduardo Farah, plantearon no se puede reconocer "los resultados arrojados por el trabajo de comparación la entidad que el jugador le ha asignado como pilar fundamental de su análisis incriminante", en referencia a en qué fundó su acusación el juez Bonadio. El juez Bonadio había planteado que "durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían". Acusó a De Vido y los demás imputados de "poner en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados", añadió Bonadio.


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