Como esperaba el Gobierno de Alberto Fernández, el FMI dijo que la deuda argentina “es insostenible” y abrió la puerta a la reestructuración. También remarcó que los acreedores privados deben hacer una “contribución apreciable”. El Gobierno aprovechó el principio de acuerdo con el FMI, que presiona para que la mayor carga de la restructuración pese sobre los acreedores privados, librando al Gobierno de un mayor ajuste fiscal que en palabras del organismo “no es económicamente ni políticamente factible”.
Desde que asumió su cargo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, esperaba esa señal del FMI. Ahora se abre el juego a los distintos escenarios.
Si Argentina hace una propuesta más “amigable” a los acreedores y se compromete a ajustar las cuentas fiscales. En este caso, la opción sería al estilo Ucrania (año 2000) con una quita de 15%-30% del valor presente neto en el precio de los bonos. Esto incluiría fuerte recorte en los cupones de intereses, años de gracia para el pago del capital y pequeño o nulo recorte de capital.
Sin embargo, la alternativa de propuesta “market friendly” se alejó en los últimos días del escenario base. No sólo por el comunicado del FMI. Sino también porque debería ir acompañada de un ajuste mayor al planteado por Martín Guzmán en el Congreso: el ministro sugirió déficit cero recién en 2023 y superávit fiscal 0,7% del PBI en 2026. Vale recordar que Ucrania llegó a tener un superávit primario de 3% del PBI a los 2 años de reestructurar la deuda.
Lo que seduce de la “salida ucraniana” es que post reestructuración podría bajarse la tasa de interés a niveles rezonables (¿8% anual en dólares?), habilitando la posibilidad de volver lentamente a los mercados de crédito y levantar más rápidamente la restricción de dólares.
Ucrania utilizó “cupones atados al PBI”, como Argentina en 2005, para lograr una mayor aceptación (si la economía crecía más de 3% se disparaba un pago adicional a los acreedores).
La gran diferencia es que la deuda pública de Ucrania era de sólo 20.000 millones de dólares. Mientras que Argentina tiene una deuda con bonistas privados por 120.000 millones de dólares.
Una propuesta que quede a mitad de camino (con una quita insuficiente en términos de los números fiscales y las proyecciones de crecimiento) podría volver nuevamente insostenible el peso de la deuda en pocos años. Además, Argentina ya viene de un default (2002) y una reestructuración (2005) reciente.
La otra opción es, con el respaldo del FMI, una estrategia de negociación mucho más dura: una mayor quita (a valor presente) y una restructuración más larga y agresiva. El riesgo evidente es que si el precio de los bonos caen mucho pueden ser comprados por “fondos buitres”, que harían peligrar cualquier acuerdo.
Esta opción dejaría a Argentina fuera de los mercados de deuda por más tiempo. Sin acceso al crédito, durante y post-reestructuración debería pagarse la deuda con reservas de BCRA. Así, debería profundizarse el cepo con posibles regulaciones al comercio exterior. También se requeriría más emisión monetaria. Por un lado, para financiar el déficit fiscal. Pero también para que el BCRA compre dólares del superávit comercial y con ello cumplir con los vencimientos de deuda.
Tras el comunicado del FMI, el gobierno pretende tensar la negociación. Sin embargo, es claro que el escenario del default es el peor posible y el que, con riesgos evidentes, se trataría de evitar.
Cualquier pronóstico sobre la economía argentina depende hoy del resultado incierto de la negociación de la deuda. En el extremo, hay dos escenarios posibles.
Con cierre de la negociación y sin default, vale el escenario base que imagina el Gobierno: inflación 40/43%, tarifas y dólar corriendo por atrás de la inflación, y tasa de interés real negativa para impulsar una moderada recuperación con fecha abierta.
Con default cambia todo: más presión sobre el dólar oficial, ampliación fuerte de la brecha con los dólares alternativos, mayores presiones inflacionarias, más tasa de interés, menos consumo, más recesión, más cepo, etc, etc. Mayor riesgo inflacionario, cambiario y una recesión que podría prolongarse por tercer año consecutivo, sin salida a la vista.
Un escenario que, en la medida de sus posibilidades, Alberto Fernández buscará de evitar.
