Alberto Fernández, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estableció la suspensión del corte por 180 días de los servicios de gas, luz, agua, telefonía, servicios de internet y TV por cable. Para los casos de mora o falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020. La medida abarca a los jubilados y pensionados, beneficiarios de pensiones no contributivas y monotributistas con haberes (ingresos) inferiores a 2 salarios mínimos ($33.750) , beneficiarios de AUH (y asignación por Embarazo), personal de casa particulares, electrodependiente e inscriptos como monotributista social.
Del gasto total de cada hogar un porcentaje importante se destina al pago de servicios públicos.
Según la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHO), que realiza el INDEC para conocer el consumo de bienes y servicios que realizan los hogares en el país (último informe de noviembre de 2019), en el caso de los gastos en “Vivienda, agua,electricidad, gas y otros combustibles” representan el 14,5% del gasto de los hogares.
Sin embargo, se debe excluir la participación de “Alquiler”, que representa el 5% para poder estimar aproximadamente el “peso” de los servicios públicos incluidos en el DNU.
Por ello, el total llega al 9,5% de gasto en los hogares. Y en el caso de los gastos en “Comunicación” (telefonía e internet) equivalen a 5,2%. Es decir, si consideramos también estos dos rubros la participación en el gasto de los hogares representa el 14,7% del total.
Ahora calculemos el impacto del DNU si los 1.050.000 de monotributistas (categorías A, B y C) y los 3.000.000 asalariados con haberes de hasta 33.750 pesos alcanzados por el decreto postergaran el pago de las facturas de servicios públicos, como una forma de financiarse en los próximos meses.
En el caso de los monotributistas el monto aproximado del gasto en los servicios públicos -incluidos en el DNU- es de $2.558, $3.836 y $5.108 mensuales para los categoría A, B y C, respectivamente.
Si se consideran el perìodo de 3 meses, los monotributistas podrían acumular una deuda en facturas de entre 7674 pesos y 15.324 pesos, entre la catogoría más baja y la más alta. Dicho de otro modo: los usuarios podrían liberar ingresos disponible por ese monto en los próximos tres meses si no pagaran las facturas acumulando deuda. Sin embargo, todavía no está definido cómo dispondrían luego las empresas el cobro de esas facturas. El decreto solo aclara que tendrán que habilitar “planes de pago” para los usuarios.
A nivel agregado, la deuda acumularía unos 3.255 millones de pesos mensuales.Y si consideramos 3 periodos de falta de pago ascendería a 9.765 millones de pesos.
En el caso de los 3.000.000 asalariados que están incluidos en el DNU por un haber menor a 33.750 pesos, el
gasto en servicios públicos es en promedio 4.890 pesos por mes tomando la encuesta de gasto en hogares.
En el agregado de los asalariados implicaría un monto mensual de unos 14.670 millones de pesos.
Por último, en el caso de jubilados y pensionados, el universo que cobran menos de 33.750 pesos mensuales son cerca de 6 millones de personas (5.999.001).
De ese universo hay 4.389.000 que cobran hasta un haber mínimo $15.891. Existen 861.400 jubilados cobran entre un haber mínimo y 19.064 pesos. Y un tercer grupo de 748.000 jubilados que cobran hasta 2 salarios mínimos vital y movil ( tope del DNU).
En el caso de los mayores de 65 años, según el INDEC, el gasto de “Vivienda, agua,electricidad, gas y otros combustibles” es mayor al promedio de los hogares. Equivale al 17,3% del gasto del hogar. Si excluimos el gasto en “servicios de alquiler” (5%), el peso de esos servicios en el gasto de los hogares es de 12,3%. Mientras que los gastos en “Comunicación” ( teléfonia fija y móvil e internet) tiene una participación de 5,1% en el gasto. Entre ambos, suman un 17,4% del presupuesto de los jubilados (hogares unipersonales mayores de 65 años).
Para los 4,39 millones de jubilados y pensionados que cobran menos de la mínima 15.891 pesos, el gasto de esos hogares en servicios públicos comprendidos en el DNU sería en promedio de 2.765 pesos por mes. Lo que suman 12.135 millones de pesos mensuales que los beneficiarios no desembolsarían a las empresas de servicios públicos en caso de no poder afrontar el pago.
En tanto, para los 1,6 millones de jubilados restantes ,abarcados por la medida -hasta los 2 salarios mínimos vital y móvil-, el gasto global en servicios públicos equivale a 6.534 millones mensuales. Son 4.083 pesos por hogar promedio mensual (adulto mayor a 65 años).
En resumen, si sumamos el impacto en el bolsillo de no pagar las facturas de servicios públicos se monotributistas, asalariados, jubilados y pensionados suman 24.773 millones de pesos mensuales. Si lo extendemos a los 3 meses que puede estar con falta de pago los servicios sin corte del servicio, el
cálculo total suma $74.319 millones.
Son montos importantes de financiación para los usuarios y de liberación de ingresos en los próximos meses. Pero su conveniencia dependerá a sus vez de las tasas de interés de los planes de pagos que ofrezcan las empresas pasado el período de 180 días de imposibildad de corte del servicio que figura en el decreto. Al mismo tiempo, de extenderse el impago de facturas en los próximos 6 meses el impacto económico-financiero sobre las empresas de servicios públicos sería muy importante.
