El Gobierno avanza en su alianza con los gobernadores de Chubut, Río Negro y Neuquén para abordar el conflicto mapuche.
El Estado nacional y las 3 provincias establecieron un protocolo de acción conjunta contra la Resistencia Ancestral Mapuche y presentaron un informe detallado con las presuntas 96 acciones violentas del grupo.
La administración de Mauricio Macri encontró eco en los gobernadores patagónicos en momentos en que algunos actores como la Iglesia relativizaron la presencia y la actividad de la RAM. El obispo de Bariloche, Juan José Chaparro, impulsor de la mesa de diálogo entre el Estado y las comunidades mapuches (tras la muerte de Rafael Nahuel a manos de Prefectura), había señalado que con las menciones permanentes a la RAM se buscaba crear un "enemigo interno". El obispo además recibió el respaldo de la Conferencia Episcopal que conduce Juan José Ojea, cercano al papa Francisco, quien en su inminente visita a Chile rezará con integrantes de la comunidad mapuche local, en un claro mensaje a ambos lados de la cordillera. En ese contexto, el Gobierno decidió reforzar la discusión política.
"La RAM es un movimiento etnonacionalista violento que desde hace 8 años opera en territorio argentino. Los distintos delitos que comete la RAM responden a un mismo objetivo político, que es promover una lucha insurreccional contra el Estado argentino y la propiedad privada de la tierra. La RAM considera que el Estado argentino y sus leyes son ilegítimos", señala el informe que Patricia Bullrich presentó en la tarde de este miércoles junto a los ministros de seguridad de las tres provincias en una conferencia de prensa en la sede de su Cartera
