La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó -con el voto de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah- el procesamiento de Julio De Vido por administración fraudulenta en la causa donde se acusó al ex ministro de malversación de fondos por 26.000 millones de pesos y un desvío de 265 millones de pesos.
El embargo trabado fue de 250 millones de pesos. Asimismo, con el desempate del juez Leopoldo Bruglia, se confirmó la prisión preventiva del ex ministro de Cristina Kirchner, como la confirmación de la denegatoria a otorgarle la excarcelación
Julio De Vido se encuentra detenido desde el 25 de octubre, por orden del juez Claudio Bonadio que lo procesó por administración fraudulenta en la compra de buques de Gas Natural Licuado (GNL). Posteriormente, el juez Luis Rodríguez lo procesó con prisión preventiva, por administración fraudulenta en el expediente que confirmó la Sala II de la Cámara Federal Porteña. El juez Rodríguez encontró al ex ministro de Planificación responsable de maniobras fraudulentas vinculadas a la mina de carbón de Río Turbio (Santa Cruz). Todas las decisiones respecto al destino de los fondos "partió del Ministerio de Planificación que dependía de De Vido", señaló. Los camaristas encontraron responsable a De Vido de las maniobras defraudatorias que incluyeron un desvío de fondos por 265 millones de pesos. Los esfuerzos de la defensa del ex ministro -a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro-, por demostrar que "no hay elementos que involucren interviniendo o generando algún tipo de injerencia en el marco de los proyectos de puesta en funcionamiento y desarrollo de YCRT”, resultan "infructuosos", indicó el juez Irurzun. Al respecto, el camarista señaló que no se investigó una contratación de algún área menor del Ministerio, "cuyo desconocimiento podría alegar", sino que se trató del destino dado a una "gran cantidad de fondos públicos para la reactivación de la actividad minera y la generación de energía", que incluyó diversas obras. Y lo que se le reprocha al diputado del FPV es "el uso que se dio a las millonarias sumas dispuestas para la concreción del “ambicioso” proyecto", que según la denuncia "no cumplió con sus objetivos".
