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  El viernes pasado la legislatura bonaerense no logró sesionar para tratar la ley impositiva elaborado por el equipo economico de Axel Kicillof, porque Juntos por el Cambio negó el quorum al oficialismo en el Senado. La oposición hizo hincapié en el “impuestazo” que significaba el aumento de hasta 75% (55% en promedio) en el impuesto inmobiliario para rechazar el paquete impositivo.

  Más allá de la magnitud de los aumentos en el impuesto inmobiliario en términos reales –que dicho sea de paso también han indexado por inflación la Ciudad de Buenos Aires y otras jurisdicciones—la situación financiera heredada por Kicillof en la provincia es muy delicada.

   En 2020, Buenos Aires tiene vencimientos de deuda por U$S 2.700 millones, de los U$S 4000 millones que vencen para el total de las provincias. El 85% de esa deuda, además, es en moneda extranjera. Sólo en enero, Buenos Aires debe afrontar vencimientos de deuda por U$S 725 millones y en el primer semestre suman U$S 2.100 millones.

   Como es sabido, Kicillof no maneja la maquinita de imprimir pesos para afrontar el pago de sueldos y jubilaciones de la provincia. Pero tampoco tiene pesos para comprar los dólares necesarios para pagar la deuda: si se contabilizan los vencimientos, el déficit de la provincia en 2020 se proyecta, a valores de hoy, en unos 200.000 millones de pesos. Según algunas estimaciones, la ley enviada por Kicillof contemplaba recursos extra por 20.000 millones, un 10% del déficit proyectado.

   El Gobierno provincial deberá encarar la renegociación de su deuda con urgencia, tal vez con mayor urgencia que la Casa Rosada. Con el agravante de que todavía no está claro cómo podrá avanzar en la Legislatura provincial el paquete fiscal. El riesgo de default de la provincia puede afectar a su vez el clima de la negociación de la deuda a nivel nacional.