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Las internas en la coalición de Gobierno y el escenario electoral comenzó a “contaminar” el programa fiscal para 2021. En su última aparición, la vicepresidenta Cristina Fernández afirmó que “hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas, como lo hicimos durante 12 años”.

Más allá de que el escenario económico hoy es completamente distinto al primer y segundo Gobierno de Cristina, cuando el congelamiento de tarifas llevó a los subsidios económicos a un nivel récord en el Presupuesto, es claro que hay una fuerte pulseada dentro del Gobierno sobre cómo avanzar en este tema en un año electoral. Aumentan las chances de que el Gobierno postergue el “descongelamiento” de tarifas de servicios públicos para ponerle un tope a la “bola de nieve” de los subsidios. Esto “choca” con las señales de austeridad que reclama el FMI en la renegociación de la deuda con el ministro Martín Guzmán.

El Gobierno Nacional prorrogó la semana pasada nuevamente el “congelamiento” de tarifas de luz y gas por 90 días más, hasta el 31 de marzo próximo. Después de los dichos de la vicepresidenta Cristina Fernández, en el acto en el Estadio Único de La Plata, es probable que se intente postergar el ajuste tarifario o de hacerlo muy gradualmente en el año electoral. 

Las tarifas de servicios públicos vienen congeladas desde abril de 2019, cuando Macri inició la última campaña electoral. Alberto Fernández prorrogó el congelamiento desde el inicio de su mandato.

El ministro Martín Guzmán, en medio de la negociación con el FMI, pretendía que el ajuste tarifario comenzará en enero próximo. Alberto Fernández dijo luego que el descongelamiento empezaría a discutirse recién a partir de marzo. Sin embargo, Cristina Fernández tiene intenciones de “estirar” la fecha pensando en el impacto inflacionario de la medida en medio de un año con elecciones legislativas.

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No es el único punto de discordia. La vicepresidenta no se muestra convencida de la “velocidad del ajuste” fiscal que negocia Guzmán con el FMI para el año electoral. Ya había tenido una intervención decisiva en el caso del ajuste de la formula jubilatoria unas semanas atrás. Cuando se opuso a que el 5% de aumento a jubilados y pensionados -por decreto presidencial- de diciembre sea a cuenta de la suba de haberes de marzo de 2021.

No solo logró evitar que diciembre no sea tomado a cuenta de futuras subas. También se modificó la cantidad de aumentos por año previstos en la nueva fórmula: cuatro aumentos trimestrales, y no 2 aumentos semestrales como estaba previsto.

Redujo así parte del ajuste fiscal – al recuperar un trimestre de actualización de los haberes de los jubilados y pensionados -que el ministro Guzmán pretendía no pagar.

Sin embargo, aceptó el tope al gasto previsional que introdujo Guzmán a la fórmula original del primer gobierno de Cristina. Y aunque fue parte de una dura discusión interna, la vicepresidenta también aceptó también que se eliminara completamente el gasto Covid a partir de enero y que no haya bono extra de fin de año para jubilados de la mínima y AUH, como pretendía Guzmán, tras la baja temprana del IFE (la última cuota se pagó en agosto).

Volviendo a los subsidios económicos de las empresas de servicios públicos y la posible prórroga del “congelamiento tarifario”.
Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en los primeros 11 meses del 2020 el gasto en subsidios económicos creció 85,2% interanual –nominal- ( 29,7% en términos reales): alcanzó $ 509.750 millones. Se estima que el gasto en subsidios económicos llegará a 2,2% del PBI en 2020.

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En el año 2014 la cuenta de subsidios económicos –contabilizando energía y transporte- llegaron a representar un 3,7% del PBI.

En caso de mantener las tarifas congeladas de servicios públicos hasta las elecciones legislativas de 2021, la “mochila” de subsidios económicos superaría los 3% del PBI (aproximadamente 1,1 billones de pesos).

Sin descongelamiento de tarifas en el año electoral, los subsidios le pondrían un piso muy elevado al déficit fiscal primario para el año próximo. Se achicaría el margen de maniobra para reducir el déficit fiscal del 7% del PBI este año al 4,5% que figura en el Presupuesto 2021. Y sería mucho más difícil de alcanzar la meta de un déficit fiscal del 3,5% (o menos) como pretende el FMI.

El tercer punto de discordia son los precios de los alimentos. Cristina cree que hay una intervención demasiado “suave” del Gobierno de Alberto Fernández. No sólo en el control de precios máximos y precios cuidados. Sino fundamentalmente en la intervención estatal para regular exportaciones de alimentos esenciales en el mercado interno, como la carne. Por eso reivindicó los ROE (los permisos de exportación de trigo, carne, etc que limitaban las ventas al exterior para volcarlas al mercado interno) que regían durante su Gobierno y la gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía. 

Ahí la clave es hasta qué punto estas diferencias entorpecerán la negociación con el FMI, clave para el objetivo del ministro Guzmán de estabilizar las brechas cambiarias y evitar una nueva crisis en el futuro cercano. (Ver informe: Alberto en carrera contra reloj por el dólar, el FMI y vacunas…).