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El presidente Alberto Fernández evaluó con su mesa chica la posibilidades que tenía de ser aprobado en el Congreso el proyecto de “impuesto a la renta inesperada”, que debería ingresar por la Cámara de Diputados. “Ninguna”, fue la conclusión. Pero decidió avanzar igual con el anuncio del Bono de Emergencia para jubilados, trabajadores informales y monotributistas A y B junto a Martín Guzmán.

Una movida a tres bandas. Uno, ratificar a su ministro de Economía, asediado por la interna feroz del oficialismo, y darle oxigeno para la tarea clave que viene en la gestión del acuerdo con el FMI: la suba de tarifas de luz y gas en junio.  Dos, moderar la licuación no sólo en el bolsillo de los sectores de menores ingresos, sino de la propia base electoral del oficialismo, en especial en el GBA, donde se aplicarán los mayores ajustes tarifarios. Tres, enviar un mensaje conciliador a Cristina Fernández, asociando a la oposición con la defensa del poder económico.

El plan platita del que se habló tanto después de derrota del oficialismo en la PASO en septiembre de 2021, ahora en realidad debería denominarse “Plan Platita Licuada”. Se financiará con recaudación extra que la inflación aportará este año al fisco.

Si la inflación –que corre arriba del 55% anual— cerrara el año en el orden del 60%, la recaudación adicional rondaría casi 1 punto del PBI (unos $ 700.000 millones) sobre lo estimado en el acuerdo con el Fondo en base a un techo proyectado de inflación del 48%.

Inflación es tributación sin legislación, decía Milton Friedman.

En el cálculo del economista Amílcar Collante, el costo fiscal total del Bono de Emergencia sería de unos $ 185.000 millones, un 0,26% del PBI. Alcanzaría en total a unos 12 millones de personas: 5,4 millones de trabajadores informales (que recibirán $ 18.000 en dos cuotas, en mayo y junio), al igual que 680 mil monotributistas, y unas 470 mil personas en servicio doméstico. Eso si se registrarn en Anses una cantidad de solicitantes similar a los que cobraron en su momento el IFE. Mientras que 5,6 millones de jubilados, con haberes de hasta 2 jubilaciones mínimas, cobrarán en mayo $12.000, que se sumará al bono de $ 6000 que percibieron en abril.

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En ese esquema, para el FMI el Bono de Emergencia no es relevante en las cuentas del programa económico acordado. Pero sí lo es continuar con el aumento de tarifas de luz y gas. Los subsidios a la Energía y el Transporte (en 2021 llegaron a 3 puntos del PBI, de los cuales 2,5% son energía), en los primeros 3 meses del año volvieron a descontrolarse. Cammesa, el organismo que paga los subsidios a la generación, para que la tarifa llegue más barata a la distribución y los usuarios, ya consumió en el primer trimestre casi la mitad del presupuesto para todo el año. Con la disparada de los precios de la energía por la Guerra en Ucrania es difícil que este año se cumpla la meta de recorte de 0,6% del PBI en los subsidios energéticos. Sin embargo, los técnicos del FMI exigen avanzar sin demoras con el descongelamiento de tarifas para fijarle un tope a esa cuenta y encuadrar el programa en la tendencia de reducción del deficit fiscal este año. Esta es la batalla principal que ahora libra Guzmán en la interna del oficialismo.

Volvamos al “Plan Platita Licuada”. El presidente dijo en el anuncio que la economía estaba creciendo y creando empleo, pero que su proyecto “estaba fallando en la disribución, porque la inflación se come gran parte de los aumentos salariales y de los ingresos para los sectores más vulnerables” (sic.).

Lo del problema de “distribución” es algo para discutir en países como Chile, Perú o Colombia, economías que antes de la pandemia y el shock de Ucrania, transitaron un proceso de crecimiento con inflación promedio del 5% de casi 2 décadas y evidencian tensiones sociales que sacuden al sistema politico.

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En Argentina, decir que con el Bono de Emergencia se ataca el problema de la distribución es una falta de respeto a aquellos que recibirán el bono para moderar el deteorioro de su poder de compra a lo sumo un par de meses para estar igual de mal o peor al mes siguente. El problema es macroeconómico: cómo salir del escenario de crisis permanente y evitar que en algún momento se espiralice profundizando todos los problemas: pobreza, desigualdad y crisis política.

La lógica de que lo que deposita el Estado en un bolsillo de los sectores más vulnerables, se va cada vez más rápido por el otro bolsillo, cuando hay que pagar los aumentos de precios, y de eso el Estado recauda una parte para poder financiar la próxima compensación, que alcanzará para menos, y así, está reflejada en el siguiente gráfico. Representa el “serrucho” del poder adquisitivo de la jubilacion mínima en la última década. Desde que se aprobó la movilidad previsional en 2009, cada aumento jubilatorio (2 veces al año, marzo y septiembre, hasta 2017) implicaba una suba del haber real (descontada la inflación) en esos meses y luego un descenso por la erosión inflacionaria hasta el próximo aumento. Con la inflación en el orden del 25% (salvo los picos de 2014 y 2016), el “serrucho” funcionaba con cierta estabilidad. Desde 2018, el con la crisis de Macri y la inflación acelerándose al 50%, el serrucho –con 4 ajustes en el año– se inclina y el poder adquisitivo de jubilaciones cae fuertemente. Con estos rangos de inflación, el serrucho se descontrola: las subas de un mes son mayores, ya sea porque ajustaron por inflación pasada, como en diciembre de 2019 y/o porque se otorgan bonos de refuerzo y el ajuste del haber real por la licuación inflacionaria es cada vez más rápido, a lo sumo dos meses. En marzo pasado, aún con el último aumento por movilidad a los jubilados (12,3%), la jubilación minima había quedado en el piso de poder de compra de la última década (ver gráfico). Por eso los bonos, pero al mismo piso volverá en junio con la licuadora inflacionaria.

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Que la prioridad en Argentina debe ser ordenar la macro, se lo recordó a Alberto Fernández en las últimas horas su aliada en Washington, la titular del FMI, Kristalina Georgieva: “El gran riesgo es la inflación”, dijo, y explicó que el programa debe apuntar a “tratar de bajar la inflación a un punto en el que la gente en la Argentina tenga confianza para ahorrar en su propia moneda”.

El programa con el FMI no es un plan para garantizar crecimiento sino para evitar una espiralización de la crisis, que ocurría si la gente agravara la “desconfianza en su propia moneda”.

El Fondo con Guzmán quiere garantizarse que el eje del programa sigue intacto: levantar anclas del dólar oficial, tarifas y combustibles, para no acumular atrasos que deriven en un estallido posterior, subir la tasa de interés (pese a la bicicleta de las Leliqs) para acumular reservas en el BCRA y contener la brecha, y aplicar un ajuste fiscal y monetario, como reaseguro de que no vuele todo por los aires.

Si el Gobierno logra superar la tension en la calle y su propia interna, el plan es que la inflación empiece a ceder en la segunda mitad del año, a la par de la desaceleración del consumo y la actividad.

El “empate catastrófico”, como lo denomina Carlos Fara, entre el presidente y su vice, de un gobierno sin rumbo claro y con la gestion atravesada por la interna, complica todo. Lo balbuceó Guzmán: la economía no actúa en un vacío sino en un contexto politico. A menor certidumbre y confianza en la política económica (“en la propia moneda”) mayor ajuste vía licuación inflacionaria, tasa de interés y nivel de actividad.

Maximiliano Montenegro