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   En su primera presentación pública como ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó tres definiciones importantes. Habló de un “plan integral”. Dijo que la prioridad que le había trazado el presidente era que “la economía dejara de caer”. Y reconoció que si bien 2020 no podía ser un año de ajuste fiscal, tampoco había instrumentos para financiar una expansión fiscal porque financiarla exclusivamente con emisión monetaria sería “desestabilizador”.

   Así, si bien mencionó que la aspiración era tender en el futuro al superávit fiscal como señal de que se recuperará la capacidad de pago de la deuda, dejó en claro que el objetivo a corto plazo (al menos el año próximo) era no agrandar el déficit fiscal primario (antes del pago de intereses) que dejará la gestión Macri.

   En nuestros cálculos, ese déficit primario rondaría 1 punto del PBI, unos U$S 4000 millones o 240.000 millones de pesos al tipo de cambio actual. Habrá que ver finalmente cómo cierran las cuentas de diciembre. Pero ese sería el agujero fiscal a financiar este año, y tal vez el próximo, con emisión monetaria.

   Dada la dinámica del gasto público (60% del gasto total, jubilaciones, AUH y otros planes sociales, indexado por la inflación pasada) y los aumentos para jubilados que cobran la mínima y AUH que se anunciarían en los próximos días, para mantener ese déficit bajo control el gobierno puso en marcha un paquete de aumento de impuestos que empezó a conocerse este fin de semana.

   El objetivo es recaudar alrededor de 0,8/1 punto del PBI extra. La mitad provendrá de las retenciones al agro. El resto lo recaudarían con el aumento en la alícuota de Bienes Personales y el impuesto del 30% para las compras con tarjeta en el exterior, entre otras medidas.

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   La otra pata del plan sería la renegociación de la deuda con los acreedores privados, que debería cerrarse contra reloj a más tardar en marzo. El objetivo es despejar los vencimientos de deuda, al menos, por dos años. Para el año próximo los vencimientos totales de deuda (capital de intereses) ascienden a unos U$S 33.000 millones, la mitad en dólares y la otra mitad en pesos. En términos de servicios de intereses, significaría eliminar del presupuesto el pago de casi 3 puntos del PBI, más de $ 700.000 millones.

   El “virtual default” del que habla Alberto Fernández cuando critica la herencia de Macri no es lo mismo que caer en default. Esta semana, el nuevo Gobierno pagó Letras en pesos y Letes en dólares por 16.000 millones de pesos y 172 millones de dólares, respectivamente. Estos vencimientos podrían haberse “re-reperfilado” por decreto, como hizo, Macri. Sin embargo, no se quiso hacer olas y se envió la señal de pagarlos.

   El problema son los bonos en pesos y dólares, bajo ley local y extranjera, que vencen de ahora en más. Como dijimos en este informe (“Las facturas para Alberto Fernández mes por mes: los vencimientos de la deuda en pesos y en dólares”) si el objetivo es evitar el default la renegociación de la deuda debe cerrarse a más tardar en 3 meses.