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El Gobierno negocia con la máxima reserva una operación con el FMI para darle respaldo al plan de expansión fiscal anti crisis por el impacto del coronavirus. Ese plan, que podría anunciarse en los próximos días, corre por un carril separado a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario para reprogramar los vencimientos de los próximos años, que no es urgente y llevará más tiempo.

   En medio de la crisis internacional que detonó el coronavirus en todo el planeta y la caida que están evidenciando todos los países, el objetivo es armar un respaldo financiero a las medidas que ya anunció y que seguirá anunciando Alberto Fernández para tratar de evitar un derrumbe de la economía y una disparada de los índices de desocupación y pobreza.

   La idea es que el FMI desembolse unos 2.500 millones en DEG (Derechos Especiales de Giro, la moneda del organismo) que se incorporarían a las reservas del Banco Central. A la cotización actual del DEG (1,35 dólar) podrían significar más de U$S 3.000 millones.

   El Tesoro, a su vez, colocaría una Letra al Banco Central que podría emitir, con respaldo de esas reservas, el equivalente en pesos: entre $ 150.000 y $ 200.000 millones para financiar distintas medidas de expansión del gasto público ante la crisis.

   Hasta ahora, el Gobierno anunció las siguientes medidas:

— Bono de 3000 pesos para abril para jubilados que cobran la minima.

— Bono de 3100 pesos para beneficiarios de la AUH.

— Ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para abril para unos 600.000 monotributistas (categorías A y B, hasta 26.000 pesos mensuales), para trabajadores informales (cobren o no AUH), motributistas sociales y empleadas en casas particulares (registradas e informales).

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   En total, todo el paquete de “asignación directa de ingresos al bolsillo” implica para abril un aumento del gasto público de unos $ 53.500 millones. Es alrededor de 0,25% del PBI. Una cifra que podría duplicarse de extenderse la cuarentena hasta mediados o fines de abril y el pago de estos ingresos durante mayo. Es decir, poco más de $ 100.000 millones, 0,5% del PBI.

   El Gobierno habla de un paquete de emergencia de 2% del PBI (500.000/$600.000 millones) porque agrega el plan de créditos a empresas a una tasa de 24% por $ 350.000 millones, que en realidad deberían colocar banco públicos y privados, tras la rebajas de encajes y otras medidas técnicas del BCRA para liberar dinero prestable de los bancos.

   O los REPRO (plan de recuperación productiva) de subsidios estatales para el pago de salarios en empresas en crisis, que todavía no está definido cuál será su verdadero alcance, ni el gasto fiscal que insumirá. Además de otros anuncios que hoy aparecen como largo plazo, como ser el aumento en $ 100.000 millones en obras públicas obras o el relanzamiento de los planes PROCREAR para construcción de viviendas.

   Como sea, todo lo que implique mayor gasto fiscal deberá financiarse con emisión monetaria. Un requerimiento que seguramente se potenciará cuando se conozcan los flacos números de la recaudación tributaria de marzo y abril. Además de los pedidos de fondos extraordinarios de las provincias, también golpeadas por el bajón de la recaudación y sin posiblidad de emitir pesos, para pagar los sueldos públicos. La ampliación del déficit y el salto de la emisión implica un riesgo en una economía con 50% de inflación y, aún con cepo, con peligro permanente de disparada de los dólares alternativos (blue, contado con liquid).

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   Por eso, el plan para fortalecer las reservas con DEGs del FMI apunta a darle más margen de maniobra a las medidas de emergencia y a la financiación vía “maquinita de imprimir pesos” del Banco Central.