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28 de Agosto de 2018

Alicia Kirchner: modelo para el FMI y para Macri de un ajuste fiscal feroz

Según un informe oficial, hoy 20 provincias tienen superávit fiscal primario (antes del pago de intereses),2 continúan en déficit (Corrientes y Jujuy) y otras 2 no informan al Gobierno nacional. La clave que explica la tendencia de provincias con recursos fiscales y la Nación con un déficit fiscal muy difícil de achicar. El mayor ajuste fiscal lo realizó hasta ahora Alicia Kirchner en Santa Cruz: pasó de un déficit primario de 17% de los ingresos totales en el primer semestre de 2017 a un superávit de 1,2% en el primer semestre de este año. Semejante ajuste lo logró licuando salarios y recortando obra pública.

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Las cifras que acaba de públicar el Ministerio de Hacienda confirma lo que los funcionarios vienen comentando en privado desde que estallo la crisis. Al final, las cuentas fiscales de casi todas las provincias están en superávit y la Nación se quedó con un enorme déficit fiscal. Según el informe oficial (“Situación fiscal provincial, primer semestre 2018”), en el primer semestre de 2018, 20 provincias tuvieron “superávit primario” u operativo (recaudación menos gastos, antes del pago de intereses de la deuda) y sólo 2 provincias déficit: Corrientes y Jujuy. El documento no informa sobre la situación fiscal de La Pampa y San Luis, que no firmaron el último Pacto Fiscal.

  Esa tendencia se explica porque en los primeros seis meses del año, los ingresos provinciales crecieron al 35% anual, mientra que los gastos lo hicieron solo al 23%. En ese período, además, la inflación promedio provincial fue del 26%. Por el lado de los ingresos, las provincias están recibiendo mayores fondos que en el pasado gracias al acuerdo que consiguieron con la gestión Macri para la devolución escalonada del 15% de la coparticipación de impuestos que desde el año 1992 retenía la Anses. Por el lado de los gastos, a diferencia de lo que sucede con el 60% del gasto público (previsional y social) de la Nación, las provincias no tienen gastos ajustados por inflación, ni por ningún otro indicador, lo cual les permite licuarlos frente a la inflación, como está sucediendo en varias provincias con un alta incidencia de los salarios en el gasto total.

La segunda conclusión del informe es que el mayor ajuste fiscal en todo el país lo realizó hasta ahora Alicia Kirchner en Santa Cruz. De esta forma la provincia pasó de un déficit primario de 17% de los ingresos totales en el primer semestre de 2017 a un superávit de 1,2% en el primer semestre de este año. Semejante cambio en las cuentas fiscales de un rojo furioso a verde (ver gráfico difundido por Hacienda) se explica no solo por los mayores ingresos de la coparticipación sino fundamentalmente por un terrible ajuste por el lado del gasto. La gobernadora no solo recortó drásticamente la obra pública provincial. Además congeló nominalmente los salarios (los docentes tuvieron el año pasado un aumento de solo el 8% garantizado por la Nación, y el resto de los sueldos estatales se ajustaron por debajo), dejando que la inflación licuara el gasto salarial –de gran peso en las cuentas provinciales—y permitiera cerrar el agujero fiscal. Por su puesto, a costa de una gran conflictividad social: en 2016, los docentes hicieron 86 días de paro y el año pasado otros 120 días.
  Este año, según el portal de noticias "Opi Santa Cruz" (https://opisantacruz.com.ar/2018/08/28/el-gobierno-ofrecio-un-2-de-aumento-y-2-mil-pesos-en-negro-a-los-docentes/) ofreció un 2% más una suma fija en negro (no remunerativa) de 2.000 pesos. El Gobierno dice que de esa forma llegaría al 10%, pero los gremios docentes lo desmienten.
 La magnitud del ajuste en Santa Cruz es reconocida por las propias autoridades nacionales, que en silencio durante el último año aprobaron transferencias para la caja de jubilación provincial, acompañando la política de la gobernadora.

   Si no fuera porque suena políticamente incorrecto en estos tiempos de cuadernos K, Alicia Kirchner sería el modelo ideal que quisiera aplicar el FMI a nivel nacional. Pero la ley de movilidad previsional y la conflictividad social que se generaría lo impide.




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