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La mesa chica del Gobierno resolvió un nuevo esquema de reparto del ajuste fiscal de $ 300.000 millones sobre el gasto público que deberá incluir el Presupuesto 2019 para negociar con los gobernadores. La idea es que dos tercios de ese ajuste, $ 200.000 millones, lo asuma directamente la Nación y el tercio restante, unos $ 100.000 millones recaiga sobre las provincias. Esto marca un cambio en relación al esquema original que había propuesto la gestión Macri de que el ajuste se repartiera 50 y 50 entre Nación y provincias, lo cual desnuda, entre otras cosas, las dificultades que efrenta la Casa Rosada para encarar las conversaciones con los gobernadores para cumplir con las metas de reducción del déficit fiscal acordadas con el FMI.
  El recorte de gastos en Nación, ya se sabe, vendrá de 4 áreas fundamentalmente: primero, el fuerte recorte en la obra pública, que ya se está aplicando desde principios de año. Segundo, la poda adicional de subsidios a los servicios públicos, en la medida de que la sociedad soporte mayores aumentos tarifarios. Tercero, la licuación en términos reales de los salarios públicos: se quiere fijarles un tope entre 10 y 15 puntos abajo de la inflación. Y cuarto el recorte de transferencias presupuestarias a las provincias. 
  En este último punto es donde entra la negociación con los gobernadores por el recorte de unos $ 100.000 millones que se transfieren por fuera de la coparticipación de impuestos a las provincias. 
 En el listado de programas que la Nación pondrá en la mesa de discusión hay algunos que requieren su modificación por ley, por eso es clave que todo sea incluido en la ley de Presupuesto. Entre las transferencias en la mira para pasar la tijera se encuentran las siguientes:
— El Fondo de la Soja, que distribuye unos $ 25.000 millones de este año, destinado en teoría a obras de infraestructura que ejecutan las provincias, aunque en los últimos años los gobernadores terminaron utilizando para cubrir gastos corrientes.
— El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que este año asciende a unos 20.000 millones, fondos que transfiere también por ley –pero con asignación presupuestaria- la Nación a las provincias para complementar el pago de salarios docentes.
— Los gastos para cubrir el déficit de las cajas previsiones de 13 provincias que no las transfirieron a la Anses (este año, unos $ 17.000 millones). Entre las provincias que más sufrirían este recorte están Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y provincias más chicas como Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Corrientes, La Pampa y Chaco. El argumento ahí de la Casa Rosada será que en muchas de esas provincias, como en Santa Cruz, las jubilaciones promedio son 3 o 4 veces las que paga la Anses, y la condiciones para jubilarse son mucho más favorables: en Santa Cruz, la edad jubilatoria de las mujeres es de 50 años y de 55 años para los hombres.
— Los Aportes del Tesoro Nacional (los famosos ATN), una caja de distribución de recursos discresional a las provincias, en teoría para casos de emergencia, pero que durante la década menemista y los primeros años del gobierno de Kirchner fueron un instrumento clásico para disciplinar a los gobernadores. Hoy, los ATN representa solo unos $3.000 millones.
— Obras viales y el Fonavi (Viviendas), obras financiadas con parte de la tasa los combustibles, que se girá a las provincias vía Presupuesto.
— Plan sociales menores, que se ejecutan en las provincias, con fondos de distintos Ministerios como Salud y Desarrollo Social. 
  El Gobierno aspira a llegar a un acuerdo para la poda de estos $ 100.000 millones, distribuyendo los recortes en cada provincia según los porcentajes de coparticipación o en la mesa de negociación con cada gobernador. Pero en realidad, el impacto del ajuste en las provincias sería mucho mayor que esa asignación directa de Fondos.
   El ajuste de la obra pública nacional implicarán obras que no se hará en todo el país, con un impacto importante por ejemplo en la provincia de Buenos Aires.
   Además, Dujovne ya les anticipo a varios Gobernadores que la idea de la Casa Rosada es acelerar el esquema de eliminación de los subsidios al transporte automotor (el llamado Sistau), que este año rondaría entre 40.000 y 50.000 millones. En el Pacto Fiscal firmado el año pasado la idea original era eliminarlos por completo en 4 años, hacia 2021. Pero ahora la meta sería hacerlo en dos años, lo cual aceleraría los aumentos en el boleto de colectivo, en especial en el área metrolitana (donde se concentran el mayor monto de subsidios).
 ¿Cómo harían los Gobernadores para aceptar un ajuste de $ 100.000 millones en los fondos que reciben vía Presupuestaria? ¿Dónde tendrán que recortar para compensar esa merma de ingresos? 
  En la Casa Rosada dicen que hoy las provincias cuentan con más margen que el Gobierno nacional para licuar una mayor porción de sus gastos. Se refieren a que a nivel provincial la nomina salarial representa en promedio más del 50% de los gastos, aunque en algunas ronda el 60%. Y con solo atrasar salarios –la mayoría cerró este año aumentos con el tope del 15%– respecto a la inflación, lograrían compensar esas menores transferencias. Sostienen además que la coparticipación (los fondos que Nación transfiere automáticamente, tras recaudar los impuestos nacionales) creció un 37%, muy por encima del gasto público provincial.
 Los funcionarios de Macri se quejan también de que el margen para realizar el ajuste del gobierno nacional es mucho menos acotado por esa vía: el 55% del gasto público está indexado por inflación (jubilaciones, pensiones, y AUH). Y en cambio los salarios públicos representan solo un 15% en el presupuesto nacional. La obra pública es el 8% y los subsidios, otro 8%. De esas áreas debe salir el "ahorro" de $ 200.000 millones que prevé Dujovne.
  
 

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