El ex jefe de Gabinete sumó un nuevo procesamiento en la causa conocida como "Fútbol para Todos". En esta oportunidad la jueza federal María Servini de Cubría amplió la acusación contra Aníbal Fernández por "irregularidades en la contratación con el único auspiciante, la firma de camiones Iveco". En esta oportunidad se lo acusa de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y se le trabó un embargo de 50 millones de pesos.
La causa, que es la segunda parte de la investigación sobre el programa Fútbol Para Todos, se centró en el contrato con la automotriz Iveco, que pagó con camiones y dinero parte de las publicidades de los partidos en el marco de FPT. El convenio, según el expediente, estuvo a cargo de Gabriel Mariotto, que se desempeñaba como coordinador del programa
Mirá tambiénEn una primera etapa la jueza Servini de Cubría procesó a los ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, y a Gabriel Mariotto -entonces coordinador de Fútbol Para Todos-, a quien le atribuyeron el delito de peculado. En tanto, los ex dirigentes de AFA Luis Segura, Rafael Savino, Miguel Silva y Carlos Portell fueron procesados antes por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Después de la declaración del ex CEO de Iveco, Natale Rigano, quien señaló que la negociación por la contraprestación en minutos de aire en el programa Fútbol para Todos era con la Jefatura de Gabinete de Ministros, la magistrada decidió realizar nuevas indagatorias que le significaron a Aníbal Fernández una ampliación en su procesamiento inicial, ahora por administración fraudulenta. A Segura y Silva se les determinó la falta de mérito, y a Rigano se lo procesó como "partícipe necesario de la administración fraudulenta".
La causa se inició en 2014 por la denuncia de la legisladora Graciela Ocaña, sobre irregularidades en el manejo de fondos en FpT. Se investigó el desvío de fondos públicos por alrededor de 170 millones de pesos, que se habrían gastado sin ninguna justificación. Los ex funcionarios y los dirigentes están sospechados de haber participado de la contratación de productoras de TV cercanas al kirchnerismo y facturaciones irregulares, entre otras maniobras.
La deuda global de los clubes ascendió a 2.500 millones de pesos, y desde 2009 “se incrementó notablemente”, por ello la Justicia consideró que no hubo ganancias para el Estado aunque sí gastos. Durante esos años, hubo un solo anunciante privado, Iveco, que fue denunciado por canjes irregulares por camiones que entregó al Gobierno.Según el expediente, desde 2009 el Gobierno le dio a la AFA alrededor de 9 mil millones de pesos para poder transmitir los partidos de fútbol, mientras “los clubes recibían los fondos en forma discrecional y muchos canjeaban los cheques en determinadas cuevas financieras”. En paralelo, no se aplicaron los respectivos controles para que “los clubes sanearan sus cuentas, pese a que eso figuraba en el contrato original que firmó el Gobierno con la AFA”.
