Las tres medidas de ajuste fiscal anunciadas por el Ministerio de Economía muestran que, en la emergencia, el Gobierno pasó del dogmatismo al pragmatismo. Medidas concretas para achicar el déficit fiscal aunque signifique subir impuestos o dejar de bajarlos. Para el equipo económico la urgencia hoy es dar una señal a los mercados, que liquidan bonos argentinos, y disparan el riesgo país, de que las metas de déficit fiscal acordadas con el FMI están encausadas y que eso mejorará la capacidad de repago de la deuda en el futuro.
Con el recorte del 66% de reintegro de impuestos a las exportaciones industriales; la suspensión de la baja de retenciones a las exportaciones de harina de soja y aceites; y la eliminación del Fondo Federal Sojero (que distribuía una porción de las retenciones en las provincias desde 2009 para la realización de obras de infraestructura) se prevé un ahorro fiscal total de 15.000 millones este año y 67.500 millones el año próximo. Pero como una parte del recorte de reintegros irá en más recaudación coparticipable para las provincias, el ahorro estimado para Nación sería de $ 12.500 millones este año y de $ 53.000 millones en el 2019. Ahora a Dujovne le faltan recortar otros 250.000 millones el Presupuesto 2019, que negocia con los gobernadores para cumplir con la meta fiscal acordada con el FMI de reducir el déficit fiscal de 2,7% del PBI en 2018 a 1,3% el año próximo.
Las medidas tienen distintos alcances. La poda de reintegros a las exportaciones industriales, que hace dos semanas había sido negada enfáticamente a la UIA por el flamante ministro de la Producción, Dante Sica, no es precisamente una medida “productivista”. Pero es una señal de que el Gobierno cree que con el dólar alrededor de 30 pesos es suficiente para dotar la competividad de las exportaciones. También envia el mensaje de que ese tipo de cambio es un piso. Difícil pensar en alguna baja del dólar a futuro, con una inflación mensual de 3% y tras desmontar el esquema de estímulo exportador.
La suspensión de la baja de retenciones a las exportaciones de harina y aceites de soja es un forma de recaudar rápido, sin el costo político que Macri cree tendría el anuncio de la misma suspensión para las exportaciones de poroto de soja entre los productores agropecuarios. Al mismo tiempo, la movida está en línea con los reclamos de Estados Unidos, que argumenta que la industria aceitera argentina está subsidiada por la retención más alta al poroto de soja, que abarata el insumo básico de la industria en el mercado local. Por ahora parece una jugada sin costos. Pero si la crisis y la devaluación continúan, tal vez en los próximos meses Macri deba ceder al pedido del Fondo Monetario y del propio Dujovne de suspender para 2019 también la baja de retenciones a la exportaciones soja, una de las pocas promesas de campaña que el presidente está empecino en no incumplir.
En cuanto a la eliminación, mediante un DNU de Macri, del Fondo de la Soja para obras en las provincias es un tema que genera tensiones con los gobernadores. Es como los ajustes que se vienen aplicando sobre la obra pública nacional una medida contractiva, en una economía que ya se encamina a una recesión. Pero la respuesta del Gobierno por estos días a esa interrogante es de manual: todas estas medidas apuntan a evitar una crisis mayor.
En Economía dicen que una parte (menor) de esos fondos (para el año próximo unos 29.000 millones) será compensado por el recorte de reintegros, que se detrae de la recaudación coparticipable. Pero además, sostienen que en 2009, cuando se creó el FFS, “las Provincias solo recibían la cuarta parte de la recaudación de impuestos nacionales. Gracias a decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, las Provincias han pasado a recibir en la actualidad un tercio de los recursos nacionales y continuarán aumentando su participación en los próximos años, lo cual torna innecesaria la continuidad de este mecanismo de compensación”. Habrá que ver si los gobernadores lo aceptan tan mansamente en la ley de Presupuesto 2019.
