Contact Information

Una serie de allanamientos se realizaron hoy en sedes de la Procuración General de Nación y en casas de imputados, en busca de pruebas para avanzar en la causa donde está acusada la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó, por la compra del edificio central del organismo, en Perón 667 de esta capital, por más de 40 millones de pesos.
El juez federal Julián Ercolini dispuso los procedimientos en distintos edificios de la Procuración y la PROCELAC (la Procuración contra el lavado de activos), donde se secuestraron computadoras y material de interés.
Los investigadores buscaban los datos de una serie de correos electrónicos que envió Guillermo Bellingi, quien oficiaba como subdirector general de la Procuración y luego se desempeñó en la PROCELAC, hasta que fue suspendido en su cargo. 

Bellingi tuvo activa participación en el proceso licitatorio por la compra del edificio y su hermano es un productor de seguros llamado Juan Carlos Thill que asesoró a la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, informaron fuentes judiciales.
Entre ambos habrían cobrado unos 7 millones de pesos que pagó a Arfinsa, la empresa integrante del Grupo Bemberg que vendió el edificio de la calle Perón.
Ercolini delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano, quien pidió que la Unidad de Información Financiera (UIF) determine cuál fue la ruta del dinero que se pagó como comisiones, según se indicó.
El juez también dispuso allanamientos en la casa de Thill, en la ciudad de La Plata, y en la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados, indicaron los voceros judiciales.
La causa se inició a partir de una denuncia contra la procuradora Gils Carbó por la presunta comisión de los delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con sus funciones y otros delitos en la compra del edificio de la calle Perón 667.
El caso comenzó con una presentación realizada por el fiscal federal Carlos Rívolo, quien, tras una investigación preliminar, formalizó la demanda en la que se fueron acusados Gils Carbó y su ex marido Héctor Alonso, vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación, entre otras personas.
Según la denuncia, la operación implicó el supuesto pago de unos 8 millones de pesos para Alonso, aunque el mismo día de la presentación el abogado de Gils Carbó, Alejandro Rúa, negó el pago de comisiones o sobreprecios por parte de la Procuración.