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El ex vicepresidente Amado Boudou deberá sentarse desde hoy, a las 9.30, en el banquillo de los acusados por la causa de la supuesta apropiación de la imprenta Ciccone Calcográfica, luego de que ayer fracasó en su último intento para postergar el inicio del juicio oral donde deberá dar explicaciones por cohecho y malversación de caudales públicos.
El Tribunal Oral Federal 4 de esta Capital rechazó un planteo de la defensa de Boudou que pretendía demorar el debate, a la espera de que se definiera su situación en otras causas que a su criterio tienen que ver con el caso: una investigación por un contrato firmado entre The Old Fund y la provincia de Formosa para asesoramiento en la deuda publica y el expediente por el presunto enriquecimiento ilícito del ex vice y su entorno.
Así,el día de hoy el ex funcionario deberá enfrentar a los miembros del TOF 4, los mismos que desde la semana pasada juzgan al ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido por la tragedia de Once, los que además fueron sorteados para sustanciar un tercer juicio contra el ex vicepresidente por la compra de autos por parte del Ministerio de Economía cuando él encabezaba esa cartera. 

Junto a Boudou serán juzgados su amigo y empresario José María Núñez Carmona, el abogado y líder de la firma The Old Fund SA Alejandro Vandenbroele, el antiguo dueño de la imprenta Nicolás Ciccone, el ex jefe de asesores de la AFIP Rafael Resnick Brenner y el ex funcionario del Ministerio de Economía Guido Forcieri.
Además de los acusados y sus abogados, en el juicio oral a cargo de los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez estarán los fiscales Marcelo Colombo y Santiago Eyherabide y las querellas de la Oficina Anticorrupción y la Unidad de información Financiera (UIF).
Según la hipótesis de la causa, cuando la empresa Ciccone estaba en la quiebra, The Old Fund apareció para ofrecerles levantarla y quedarse con el 70 por ciento del paquete accionario mientras conseguía un beneficioso plan de pagos con la AFIP y encaraba la impresión de billetes de moneda nacional.
En su acusación, el fiscal Jorge Di Lello sostuvo que Boudou "desplegó su influencia" para facilitar las maniobras de "adquisición de la empresa Ciccone Calcográfica" y su posterior "habilitación para contratar con el Estado Nacional", con la colaboración" del resto de los acusados.
La defensa de Boudou, a cargo de Eduardo Durañona, había pedido la suspensión del debate atento a las otras causas en trámite que complican a su cliente y estarían relacionadas con este proceso, entre ellas los casos de Formosa y de enriquecimiento ilícito.
A criterio de la defensa de Boudou, el estudio pericial sobre sus bienes "se encuentra actualmente en curso y es evidente que del resultado que arrojase podrían dictarse resoluciones contradictorias con la presente investigación que de algún modo afectan el derecho de defensa en juicio de su asistido, quien se ve sometido hasta el momento en una doble investigación en su contra".
Pero los fiscales se opusieron: señalaron sobre el posible enriquecimiento ilícito del ex vicepresidente y de otras personas, para lo que se habría utilizado también la firma "The Old Fund", "no resulta necesario, a criterio de los acusadores, realizar un mayor desarrollo respecto de ese expediente".
Y señalaron que "las maniobras de injerencia aprovechadora tendientes a privilegiar un interés particular -adquisición y posterior contratación de la empresa Ciccone- son independientes de aquellas que se vinculan con el origen ilícito de los fondos usados en dichas operaciones y los actos que trataban de dar apariencia lícita a ese dinero, precisando que la misma circunstancia se presenta frente a otra contratación distinta y ocurrida en otro momento, por la gestión de la deuda de la Provincia de Formosa o en relación al posible enriquecimiento ilícito de Amado Boudou".
Las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción coincidieron en oponerse, destacando además que las defensas de Núñez Carmona y del ex funcionario de la AFIP ya habían planteado recursos similares y también fracasaron.
En la resolución firmada ayer, los integrantes del TOF señalaron que "no están dados los presupuestos que, eventualmente, habilitarían al Tribunal a resolver en el sentido pretendido por la defensa, al no verificarse la identidad alegada".