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El Gobierno buscará aprovechar hoy la dispersión sindical para amortiguar la suba del salario mínimo en un monto por debajo de los 10 mil pesos y evitar así un mayor impacto sobre planes sociales y sueldos docentes atados a ese valor. La cifra será de referencia para una nueva reunión del Consejo del Salario, la segunda en la gestión de Mauricio Macri, tanto para la CGT, que buscará al menos alcanzarla, como para los empresarios, que harán el esfuerzo en sentido contrario y en bloque con el Ejecutivo. El debate tendrá como escenario una movilización de organizaciones sociales que finalmente no podrán participar por desacuerdos tanto de la CGT como de la CTA, quienes tenían la facultad de invitarlos. La mesa integrada por las principales cámaras empresarias (industriales, banqueros, mercantiles, financistas y agro), la CGT y las dos vertientes de la CTA sesionará desde esta mañana en comisiones y por la tarde tendrá una reunión plenaria para fijar el nuevo valor del sueldo base, que en la actualidad alcanza los $ 8.060 y que impacta de manera directa sobre un grupo de no más de 200 mil trabajadores no regidos por convenios colectivos y, desde la sanción a fin de 2016 de la ley de Emergencia Social, en unos 400 mil planes sociales calculados en la mitad de ese valor. Tras frustrarse un encuentro reservado la semana pasada con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete Mario Quintana -una vez que este diario lo dio a conocer- un grupo reducido de la CGT se contactó ayer con el encargado de la cartera laboral para encarrilar las discusiones. En lo formal la central reclamará emparejar el salario mínimo a la canasta básica para no caer en la pobreza, que oscila los 15 mil pesos, aunque en los hechos buscará situar la suba en un 25 por ciento, hasta los 10.075 pesos. La variación porcentual calculada por el sindicalismo tradicional tiene que ver con el reclamo de los gremios docentes (la UDA, de Sergio Romero, integra el Consejo Directivo de la organización) de un aumento en por lo menos ese nivel de los sueldos de los trabajadores de la educación, negociados en una paritaria nacional del sector. De todos modos el criterio en la CGT está lejos de ser uniforme. Triaca había conseguido de varios gremios fuertes un primer aval para una suba de entre el 20 y el 22% en sintonía con los acuerdos de sus propias paritarias, como en el caso de Comercio y los estatales de UPCN. Reclamos En el otro extremo, el portuario Juan Carlos Schmid había reclamado públicamente elevar a 15 mil pesos el mínimo para empardar la canasta de bienes y servicios. Mientras que en discusiones internas otro miembro del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña, sugirió reclamar 35 por ciento. Daer, el restante integrante del trío, representa el sector de los "gordos" que privilegia mantener el diálogo con el Gobierno y no ir a un conflicto para encarar otras negociaciones pendientes con mayor incidencia sobre los trabajadores formales y las obras sociales a su cargo. La segunda reunión del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil en la era Macri encuentra a la CGT golpeada en varios frentes. El plan de lucha que encaró este año contra los despidos, los topes sugeridos por el Gobierno en paritarias y la apertura de importaciones, y que incluyó una movilización masiva en marzo y un paro contundente en abril, se desdibujó sin haberle arrancado respuestas concretas a los funcionarios. Pero además, el sábado los triunviros quedaron afuera de sus respectivas alternativas electorales, cuando apenas dos días antes se daba por hecho que serían candidatos. Esa marginación alcanzó también a otros sectores de referencia en la CGT como el de Hugo Moyano, que había pactado con Sergio Massa su integración al frente 1País y que no logró ubicar a ninguno de sus dirigentes en las listas. El telón de fondo del debate en la sede central de Trabajo, en Alem al 600, será una marcha que sus organizadores prometen multitudinaria a cargo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que tenía un ofrecimiento oficial para ocupar una silla en las deliberaciones. Ese lugar, de todos modos, dependía de una invitación por parte de los miembros estables, ya fuesen de la CGT o de la CTA. En la central mayoritaria, donde esa opción tenía el visto bueno del portuario Schmid, la negativa de los otros dos triunviros a compartir un espacio que entienden sólo reservado al sindicalismo formal cerró la puerta principal. En tanto que por la CTA, el docente Hugo Yasky alegó que si había lugar para la CTEP también debía haberlo para otras organizaciones sociales incluidas en su central. Resultado: la organización que coordina Juan Grabois no participará en el debate pero "estará en la calle", confirmó el dirigente. "Nuestro reclamo es que el piso salarial no puede estar por debajo de la canasta de pobreza ($ 15 mil) y que el salario social complementario, de los planes sociales, no puede ser menos que la canasta de indigencia (alrededor de 6 mil pesos). Si no podemos decirlo en la reunión lo diremos con decenas de miles de compañeros en la calle", advirtió Grabois.