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El titular del Plan Belgrano, José Cano, denunció hoy que es víctima de "una campaña mediática y política" en su contra, tras ser imputado por un presunto pedido de coimas a Corea del Sur para la realización de obras públicas.
El caso se inició a partir de una presentación anónima con información que recogida de las redes sociales y la prensa local vinculada con un viaje a Corea del Sur de supuestos funcionarios del Plan Belgrano para firmar convenios.
La causa derivó en una denuncia penal luego de que el fiscal Guillermo Marijuán determinará tras una investigación preliminar que hay elementos suficientes como para profundizar la pesquisa. 

"No hay ningún elemento que me vincule con este hecho", se defendió Cano a través de un mensaje transmitido a través de su cuenta en la red social Twitter.
Asimismo se mostró confiando "en que se conozca quien está detrás de esta maniobra, que no cesa".
El ex diputado radical se presentó espontáneamente a declarar ante el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa, y dejó un escrito en el que consigna que "no existe contrato ni operación alguna como las señaladas y que las personas mencionadas no cumplen ni funciones ni tareas para el Plan Belgrano".
Cano admitió que conoce al ex peronista Alberto Darnay (empleado del PAMI y coordinador de enlace con la Unidad Plan Belgrano) y al radical Osvaldo Barreñada (secretario general del gremio de trabajadores del PAMI en Tucumán), quienes fueron imputados en la causa.
Sin embargo se desvinculó del caso al asegurar que en ningún caso ambos acusados viajaron a Corea del Sur en misión oficial gestionada por él.
El tercer involucrado es el empresario (también tucumano) Octavio Accardi, gestor de convenios para la venta de insumos coreanos al PAMI.
El caso es investigado por la fiscal Alejandra Mángano, quien trata de determinar si hubo una defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública. Según trascendió los sospechosos podrían haber suscripto convenios de compras en nombre del Estado por 300 millones de dólares y que habrían pedido coimas. El procesamiento generó un terremoto en las filas tucumanas de Cambiemos, ya que mientras numerosos dirigentes salieron a respaldar públicamente a Cano (posible cabeza de lista para las próximas elecciones de diputado nacional), el legislador local por la UCR Ariel García sugirió que el funcionario debería "pedir una licencia en el cargo".
Por su parte, el legislador por el PRO Alberto Colombres Garmendia afirmó que "existe un operativo mediático, político y judicial, porque la campaña electoral ya se lanzó en Tucumán y desde el Frente para la Victoria apelan a golpes de efecto en casos donde Cano ni siquiera se encuentra involucrado personalmente".