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 Martín Báez, hijo del detenido empresario kirchnerista Lázaro Báez y director suplente en Austral Construcciones SA, intentó hoy en la Justicia federal tomar distancia de los negocios de su padre, se informó en los tribunales.
El juez federal Julián Ercolini y el fiscal federal Carlos Rivolo lo recibieron en declaración indagatoria en el marco de la causa penal por supuesto direccionamiento en la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. En ese expediente ya están procesados por supuesta "asociación ilícita" su padre; la ex presidenta Cristina Fernández; el ex ministro de Planificación Julio De Vido; y el ex secretario de Obras Públicas José López. 

Pero el hijo mayor de Báez no respondió preguntas en el juzgado y se limitó a presentar un escrito de descargo, en compañía de su abogado defensor Daniel Rubinovich, en el cual aseguró que no tomaba "decisiones" y su participación era "formal" en las compañías de la familia.
Martín Báez es el hijo con más participación en las firmas del conglomerado familiar: además de Austral Construcciones, también fue presidente de la constructora Loscalzo y del Curto Construcciones SRL, director de otra constructora Kank y Costilla SA, socio junto a su padre en Valle Hermoso SRL. En el rubro automotor fundó y dirige la firma HYU KAR SA con sede en Comodoro Rivadavia dedicada a la compra, venta e importación de autos de alta gama. En la actividad petrolera es director suplente de las firmas EPSUR SA y Misahar.
Báez hijo, que es uno de los protagonistas del video grabado en la financiera SGI de Puerto Madero, conocida como "La Rosadita", en donde se lo veía contando millones de dólares y euros, ya está procesado en otras dos causa penales que tramitan en los tribunales porteños.
El juez federal Sebastián Casanello lo procesó en la causa por lavado de activos junto, entre otros, a su padre, al contador Daniel Pérez Gadín y al abogado Jorge Chueco, todos detenidos en la cárcel de Ezeiza.
Y también tiene un procesamiento confirmado por la Cámara en lo Penal Económico, junto a su padre, por supuesta evasión de aportes previsionales de los empleados del grupo económico familiar por una suma cercana a los 230 millones de pesos. Y afronta un embargo de 29 millones de pesos.