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El director nacional de Migraciones, Horacio García, explicó hoy que con la modificación de la ley migratoria apuntan a “ser restrictivos” con las personas que vengan a “delinquir” a la Argentina.
García sostuvo que la nueva norma publicada hoy en el Boletín Oficial “solamente atañe a la cuestión de seguridad y no tiene que ver con cambios en la política migratoria, que sigue siendo profundamente amplia”.
Al respecto, el funcionario detalló que en 2016 ingresaron “215 mil personas y alcanzaron la radicación”. 

“Evidentemente somos un país muy abierto, lo que queremos es poner límites a los que vienen a delinquir”, recalcó García en diálogo con el canal Todo Noticias (TN).
Puntualizó que se busca “principalmente que haya una reducción en los plazos del proceso” judicial y administrativo de un extranjero en proceso de expulsión del país por tener antecedentes penales.
“Somos amplios con todos los que vienen a trabajar y sumar al esfuerzo de todos los argentinos, y ser restrictivos a los que vienen a delinquir o hayan delinquido en la Argentina, y ahí vamos a ser terminantes y vamos a tratar de expulsarlos”, subrayó García.
El funcionario aseguró que están “todas las garantías” de derecho para los extranjeros sospechados de cometer delitos, en el marco de un “proceso estándar” como poseen la mayoría de los países.
El Gobierno modificó la Ley de Migraciones mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) publicado hoy en el Boletín Oficial, que impedirá el ingreso al país de personas vinculadas con delitos.
Según se indicó, “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a 7 años de tramitación”.
Asimismo, el decreto número 70 consignó que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.