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El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli pidió la recusación del juez federal Ariel Lijo por “enemistad manifiesta” a raíz de las filtraciones a la prensa de las escuchas de una charla suya con la ex presidenta Cristina Fernández en el marco de una investigación por encubrimiento al narco Ibar Pérez Corradi.
La presentación de Parrilli fue realizada el viernes último bajo la causal de “enemistad manifiesta por la filtración de las escuchas ordenadas en la causa CFP 481/2016, juzgado federal 4”.
Asimismo, el ex funcionario kirchnerista tiene previsto pedir mañana “al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ricardo Lorenzetti) que se inicien actuaciones sumariales tendientes a dilucidar los responsables administrativos de la filtración de las escuchas” y “que se apliquen las sanciones administrativas que correspondan”. 

En ese marco, Parrilli consideró que “el tribunal, cabeza del Poder Judicial de la Nación, es el responsable del Departamento de Interceptación de Comunicaciones” por lo que consideró que pone en “riesgo la credibilidad del Poder Judicial de la Nación, y con ella, el último eslabón de protección de los derechos de las personas”.
De acuerdo con voceros del kirchnerismo, Parrilli presentó la recusación al considerar que “las filtraciones a la prensa de las escuchas se produjeron en enero de 2017, lo mismo que manifestaciones del juez por la prensa gráfica y radial”.
En ese sentido, según un documento difundido por el Instituto Patria, Parrilli consideró que el magistrado ha perdido la imparcialidad de criterio y ha vertido una serie de manifestaciones que muestran un cuadro de sospecha de parcialidad”.
Al respecto, consideró que “por una parte llega a sugerir que el propio Parrilli carecería de autoridad para cuestionar lo que estima como persecución política, merced a ‘no haber cuestionado la legalidad de las escuchas'”.
Pero, señaló que “en la misma causa se han realizado objeciones jurídico constitucionales contundentes” a la decisión del juez “y ello sin sospechar que luego se difundirían fragmentos de las escuchas por medios masivos de comunicación, y menos aún que un fiscal de la Nación, (Guillermo) Marijuan, las utilizaría para sustentar una denuncia criminal”.
Por otra parte, Parrilli advirtió que “no compete al tribunal cuestionar o hacer valoraciones extramuros del expediente, acerca de las estrategias jurídicas que diagrame la defensa”.
Asimismo, cuestionó que en una entrevista radial, el juez dijo “en cuatro oportunidades, que es probable que de las escuchas desprendan esos ‘hallazgos casuales’ presumiblemente denunciables por el fiscal Marijuan, y que constituirían ‘otros delitos'”.
“¿Acaso sabe algo el juez que aún no develó? Si Marijuan, fiscal de la causa desde el comienzo de la investigación, tenía disponible el fragmento que denuncia como constitutivo de delito desde mitad del año 2016, ¿cómo es posible que descubra siete meses después que hay delito en ese fragmento?”, inquirió.