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Aníbal Ibarra junto a Roberto Boico -que tienen a cargo la defensa de Oscar Parrilli en la causa del Pacto con Irán- asumieron desde este lunes la defensa de Cristina Kirchner en dicho expediente, que está próximo a ser elevado a juicio oral y público.
En esta causa la ex presidenta fue acusada junto a Héctor Timerman, Oscar Parrilli y Carlos Zannini, entre otros ex funcionarios y dirigentes, de los delitos de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado, tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

"Haremos un trabajo profesional como abogados pero no desconocemos que estamos frente a una causa política", dijo en diálogo con Clarín el nuevo abogado de Cristina Kirchner. Asimismo, añadió "estamos frente a una causa que es emblema de la persecución a la oposición desde el Poder Judicial".Ahora de cara al juicio oral y público, Cristina Kirchner nombró una nueva defensa. Alejandro Rúa y Graciana Peñafort renunciaron y sólo se mantendrán como abogados de Héctor Timerman. Para defender a la ex Presidenta, asumieron el ex jefe de gobierno porteño y el ex conjuez de la Cámara de Casación, Roberto Boico, según confirmó a Clarín Ibarra después de asumir formalmente frente a la causa.
Después de una serie de reuniones con la senadora de Unidad Ciudadana, Ibarra y Boico que se desempeñan como abogados de Oscar Parrilli en la causa por encubrimiento, decidieron asumir también como defensores de Cristina Kirchner.
Antes de incursionar en la política, Ibarra fue fiscal federal entre 1986 y 1990. Recientemente volvió a su anterior profesión de abogado penalista, luego de haber terminado su mandato como legislador porteño en 2015.
En esta causa que pronto será elevada a juicio oral, existió -para la justicia-, un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes" acusados del atentado contra la sede de la AMIA.

Así, se concluyó que el Pacto con Irán tenía como finalidad que los ciudadanos iraníes identificados como responsables del atentado de la AMIA “pudieran sustraerse de la acción de la justicia", al considerar que se los liberaba de “toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.La acusación por "encubrimiento agravado" se justificó ante la comprensión de que el atentado a la AMIA se consideró como un delito de lesa humanidad y por su rol de funcionarios públicos, generaron "un impedimento o estorbo de un acto funcional e incumplimiento a los deberes de funcionario público".
Durante la instrucción se determinó la existencia de un cuadro “indiciario, variado y unívoco que corrobora suficientemente los cargos” contra los ex funcionarios.