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 La Suprema Corte de Justicia bonaerense pidió a la Procuración de la provincia que evalúe el accionar del fiscal platense que investigó al ex gobernador, Daniel Scioli, en la causa por enriquecimiento ilícito en la que fue sobreseído, y determine si existió el delito de “acción pública”.
En la resolución, a la que accedió DyN, el máximo tribunal rechazó un recurso de queja interpuesto por el apoderado del partido Es Posible Buenos Aires, Marcelo Peña, contra la decisión de Casación que a finales de 2015 no hizo lugar al planteo de nulidad del sobreseimiento de Scioli.
Sin embargo, la Corte en su fallo remitió el expediente a la Procuración bonaerense para que “por donde corresponda, se lleven a cabo las diligencias necesarias para determinar la existencia o no de algún delito de acción pública” en la investigación, a cargo del fiscal platense de Delitos Complejos, Jorge Paolini. 

La decisión fue justificada en “lo expuesto por el quejoso en punto a la inactividad del Ministerio Público Fiscal en la investigación de la situación de hecho que resultaría el sustrato material que podría provocar la eventual revisión de la decisión por la denominada cosa juzgada írrita o fraudulenta”.
El fallo, inusual, abre el camino para que la Procuración revise el accionar del fiscal Paolini, lo que podría terminar con un pedido de jury contra ese funcionario por parte del Ministerio Público, tal como ocurrió con el fiscal platense Fernando Cartasegna, acusado de irregularidades en varias causas a su cargo.
La causa por enriquecimiento ilícito de Scioli se inició el 24 de abril 2015, tras una denuncia de Rafael Velischek, patrocinada por Marcelo Peña, pero tras la instrucción, a cargo de Paolini, en septiembre de ese año el juez de Garantía, Pablo Raele, sobreseyó al ex mandatario.
Paolini no apeló la sentencia de Raele y el sobreseimiento fue recurrido por Peña, por lo que la causa cayó en la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que el 30 de diciembre de 2015 rechazó el pedido de nulidad y de esa manera ratificó lo dispuesto en primera instancia.
Sin embargo, Peña fue en queja a la Suprema Corte, que ahora rechazó el planteo, pero que dispuso remitir el expediente a la Procuración bonaerense para que se evalúe si existió “delito de acción pública” por parte del fiscal platense, Jorge Paolini.