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El juez Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a Cristóbal López y Fabián De Sousa (quien fue detenido por la tarde en Puerto Madero), dueños del Grupo Indalo, por defraudación al Estado, por no pagar a la AFIP, durante el gobierno de Cristina Kirchner $ 8.000 millones, que correspondían al impuesto a los combustibles. Les dictó, además, un embargo por 17 mil millones de pesos. Por la misma causa, el magistrado también procesó sin prisión preventiva al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La causa inició el 16 de marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió, en la que señaló que las anteriores autoridades de la AFIP permitieron a Oil Combustibles SA (OCSA) "no abonar en tiempo y forma" el ITC y el "uso indebido del dinero para capitalizar las demás sociedades" del Grupo Indalo.

Asimismo, la denuncia sostuvo que parte del dinero recaudado "fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades".

Ante tales acusaciones, el juez Ercolini indagó a los 21 imputados, entre ellos López, De Sousa, Echegaray y Ángel Toninelli, entre los principales y ordenó un inhibición general de bienes sobre todas las sociedades que integran el Grupo Indalo. Después de un sinuoso recorrido de la investigación, la Cámara de Casación hace un mes decidió que el juez de la causa debía seguir siendo Ercolini, ya que el mismo había declarado incompetente al considerar que se estaba ante un delito tributario.
El expediente, para la Casación debía investigarse como un hecho de corrupción. Así, el magistrado decidió procesar a los dueños del Grupo Indalo y ordenar su prisión preventiva.