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El polémico fallo firmado la semana pasada por tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la reducción en la pena de un represor de la dictadura ya motivó al menos tres demandas internacionales y una denuncia penal en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py.
La primera acción fue promovida el sábado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ayer se le sumaron una del presidente del Colegio Público de Abogados, Jorge Rizzo, y una tercera de la diputada de Cambiemos Anabella Hers.
La denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py fue realizada ayer por el también abogado y ex legislador porteño Marcelo Parrilli y apunta directamente a los tres jueces que firmaron la polémica sentencia. Ellos son Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. A los tres los acusa de prevaricato, esto es el dictado de resoluciones contrarias a la ley.
Esta denuncia quedó radicada por sorteo en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas, quien hoy la remitirá a la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán para que dictamine si se abre una causa o se desestima la denuncia o se piden medidas preliminares de prueba. Esto podría ser pedirle al máximo tribunal una copia certificada de la sentencia, dijeron fuentes judiciales.
 
En el caso de los planteos ante la CIDH, las acciones no apuntan contra los tres magistrados del polémico fallo sino contra el Estado argentino en sí. Es por la presunta violación del derecho de las víctimas del terrorismo de Estado. Gil Domínguez instó a víctimas de la dictadura, familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos a que hagan presentaciones similares para obligar a la comisión a "a tomar medidas en forma urgente en torno a este caso".
Las acciones ante la CIDH serían las que más chances tendrían de prosperar, según evaluaron fuentes judiciales al recordar que el "prevaricato" planteado por Parrilli sería muy difícil de probar. Parrilli tuvo incluso consideraciones políticas en su denuncia, en la que recordó que tanto Rosenkrantz como Rosatti fueron nombrados por el actual gobierno de Mauricio Macri y que su administración permitió la permanencia de Highton en la Corte al no apelar el fallo que le permitió seguir en el tribunal aún cuando supere en diciembre próximo los 75 años de edad.