El Gobierno tomó la decisión de auxiliar a las empresas PyMEs con el pago parcial de salarios. Dictó un Decreto de necesidad y urgencia para la creación del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.
El programa establece la reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y la Asignación Compensatoria al Salario, para todos los trabajadores en empresas de hasta 100 empleados.
La compensación salarial varía en función de la cantidad de trabajadores a cargo. Las pymes con hasta 25 trabajadores a cargo podrán gestionar hasta el 100% del salario neto de cada trabajador, con un máximo de un salario mínimo ($16.875).
Los empleadores de 26 a 60 trabajadores pueden obtener hasta un 75% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ($12.656). Las empresas de entre 61 y 100 trabajadores, hasta el 50% del salario mínimo ($8.437). Para estos tres casos la compensación salarial será abonada por Anses.
Las empresas de más de 100 empleados podrán gestionar Repro, el programa de asistencia del Ministerio de Trabajo para firmas en crisis. En este caso, el monto por trabajador tendrá un mínimo de $6.000 y un máximo de $10.000 . Sin embargo, este trámite es algo más burocrático que la ayuda vía ANSES.
Según el informe del mes de febrero del año 2020 de sistema integrado previsional argentino (SIPA) existen 3.270.000 de puestos de trabajo registrados en pymes hasta de 100 empleados (en el sector privado).
El “grueso” de ese universo, 1.964.000 trabajadores , está en empresas de hasta 25 empleados . Otros 630.000 están en pymes de 26 a 50 empleados . Y casi 680.000 empleados que trabajan en empresas de 51 a 100 puestos registrados
La estimación del impacto fiscal de la medida principalmente la asignación compensatoria del salario es 48.000 millones de pesos . Sin embargo , eso es considerando que el 100% pertenecen a actividades no esenciales . Si reducimos a un 75% del total de empleados, excluyendo por ejemplo sectores no alcanzados por la asistencia como agro, alimentos, bancos, administración pública y farmacias, entre otras,
La ayuda alcanzaría a 36.000 millones de pesos. Aproximadamente 0,17% del PBI.
Estos 36.000 millones de pesos se adicionarían al paquete fiscal de “asignación directa de ingresos al bolsillo de determinados sectores”. Ese paquete con el bono de 3.000 pesos para jubilados de la mínima y la AUH, más el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para trabajadore informales, monotributistas de las 2 categorías más bajas y empleadas domésticas (3,6 millones de personas en principio) implicará según nuestra estimación un costo fiscal de $ 53.500 millones (0,25% del PBI).
Así, sumando los subsidios directos a las empresas PyMEs y las medidas de asignación directa de “ingresos directos al bolsillo” el paquete fiscal total siginificaría hasta ahora unos 90.000 millones. Esto es poco menos de 0,5% del PBI, una magnitud pequeña comparado con la intervención estatal en otros países. De hecho, en Estados Unidos el paquete fiscal de intervención directa (entre distribución de ingresos en la población y subsidios a empresas) llegará a 10% del PBI.
