— Con la ley de “solidaridad social y reactivación productiva”, aprobada el fin de semana, Alberto Fernández busca dos objetivos principales. Por un lado, cuidar la caja fiscal (en nuestro cálculo se puede pasar en 2020 de un déficit primario –antes del pago de intereses—de casi 1 punto del PBI que deja Macri a equilibrio fiscal o un leve superávit primario).
— Por otro lado, asegurarse los dólares: con el cepo reforzado y el encarecimiento del 30% dólar ahorro y el dólar para las compras al exterior, el único gran comprador de dólares en el mercado cambiario por fuera de la balanza comercial será el Banco Central. (Según información que manejamos, el mensaje para las grandes empresas fue: si tienen dividendos, reinviértalos porque no habrá dólares para girarlos al exterior; y si tienen que pagar deuda afuera, haganlo desde cuentas en el exterior o renegocien, porque tampoco habrá disponibilidad de divisas). Así, el Central acelerará la compra del superávit comercial, acumulando reservas en los próximos meses, que garanticen el pago de la deuda pública y evitar caer en default mientras se renegocia con los acreedores privados.
— El tercer objetivo del plan Fernández es el que se declamó en la campaña electoral como la primera prioridad: reactivar el consumo, poniendo “plata en el bolsillo” de los sectores de menores recursos, sin capacidad de ahorro. Sin embargo, las medidas en este sentido lucen todavía exiguas (bono de $ 5.000 en diciembre y enero para jubilados de la mínima; y bono de $ 2.000 en diciembre y enero para la AUH). Habrá que ver los alcances del decreto que dispondrá un aumento salarial en el sector privado de entre 5.000 y 8.000 pesos para las categorías más bajas.
— La recuperación del consumo dependerá también de la expansión del crédito a tasas por debajo de la inflación (personales, tarjetas de crédito, refinanciación créditos Anses a tasas subsidiadas), pero esa movida también viene cautelosa. (El Banco Central bajó la tasa de referencia de las leliqs del 63 a 58%, pero avisó que ese sendero no será tan vertiginoso como se esperaba).
— Obviamente, en última instancia la recuperación del consumo dependerá de que no se acelere la inflación. El dólar oficial (totalmente controlado con el súper cepo) y el congelamiento de tarifas públicas (luy y gas) por 6 meses actuarán como anclas en este sentido. Pero también dependerá en el corto plazo de que se apure la conformación del Consejo Económico y Social y el acuerdo social con empresas y sindicatos.
— Con la ley de Emergencia aprobada, el Gobierno planea acelerar en los próximos tres meses la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Para evitar un nuevo default hay un plazo máximo: marzo inclusive. La carga de vencimientos (en pesos y dólares) ya en el 2do trimestre de 2020 resulta “impagable” con las reservas de libre disponibilidad del Banco Central (unos U$S 12.000 millones).
— El “paquete fiscal” implica un ajuste importante con impacto directo en distintos sectores: el campo con las retenciones y contribuyentes de clases medias y altas (bienes personales, impuesto al consumo y al atesoramiento en moneda extranjera). La suspensión de la movilidad jubilatoria, en tanto, implica “parar la pelota” y poner bajo control el 60% del gasto público. Será la variable de ajuste en los próximos meses 6 que le permitirá al Gobierno regular el mix “ajuste fiscal y recuperación del consumo”.
— En nuestro cálculo, el impuestazo (retenciones, bienes personales, impuestos al consumo en el exterior y atesoramiento en moneda extranjera) aportaría en un escenario base una recaudación extra de u$s 5.000 millones (unos 300.000 millones al tipo de activo actual). Ese escenario supone una caída del 50% en los gastos en turismo y compras en dólares al exterior.
— En un “escenario optimista” la recaudación extra podría llegar a los u$s 6.400 millones (unos 400.000 milllones). Supone una caída del 35% de las compras con tarjeta al exterior.
— En el caso de la “desindexación” de jubilaciones y AUH, el ahorro fiscal podría llegar a los u$s 2.000 millones (más de $ 120.000 millones). Eso suponiendo que los aumentos de los haberes (agregados) que otorgará el Gobierno en los próximos 6 meses por decreto estaría en el agregado por debajo de lo fijado por la ley de movilidad (29% acumulado en el primer semestre 2020 para todos los jubilados). Los jubilados que cobran más de 19.000 pesos no sólo financiarían a los mayores aumentos de los jubilados que cobran la mínima sino que proporcionarían el ahorro fiscal en relación al gasto proyectado si se aplicara la movilidad.
— La magnitud de este ajuste y del impacto en el bolsillo de los jubilados que cobran más de la mínima dependerá de la evolución económica, política y la ligitiosidad judicial que genere la medida en los próximos meses. Por lo pronto, Alberto Fernández anunció que en marzo habrá un aumento para todos los jubilados: la clave será ver quiénes cobrarán entonces más, igual o menos que el 11,5% previsto por la ley de movilidad para ese mes.
— Nuestro cálculo del costo fiscal para las políticas expansivas anunciadas (la “plata que se pone en la calle”) es el siguiente: tarjeta alimentaria (u$s1.800 millones) y “congelamiento de tarifas” por 180 días (U$S 1.300 millones en mayores subsidios). El bono para los jubilados y la AUH no se incluye porque, como dijimos, suponemos que será financiado dentro del propio sistema previsional (por los jubilados que cobran más que la mínima, quienes podrían aportar en el balance final incluso un ahorro fiscal relevante).
— Si al ajuste fiscal le restamos la expansión fiscal prevista por las medidas “pro consumo”, el ahorro fiscal neto rondaría entre u$s 3.800 millones (escenario base) y u$s 5.100 millones (escenarios optimista). Es decir, el fisco lograría una mejora de sus cuentas de entre 0,9 y 1,3% del PBI. Suponiendo el déficit fiscal primario (antes de intereses) dejado por Macri para este año entre 0,7 y 1 punto del PBI, las cuentas públicas el próximo año tenderían al equilibrio fiscal primario o incluso a un leve superávit fiscal.
— Uno de los riesgos en el corto plazo que enfrenta la economía es la probabilidad de una disparada de la brecha cambiaría (entre el dólar oficial y los “otros dólares“). Es importante observar el impacto en la cotización del dólar paralelo o “blue” del nuevo impuesto de 30% para el atesoramiento y compras en el extranjero con tarjeta de crédito. Y como reaccionarán los precios en caso de un salto en los “otros dólares” Diciembre es un mes de alta demanda de pesos por motivos estacionales: empresas y familias necesitan pesos para pagar sus cuentas. Pero a partir de enero, esa demanda disminuye y eso puede agregar más presión sobre la brecha cambiaría.
— El otro riesgo es que el “paquete impositivo” aumente tanto la presión tributaria que pese que del otro lado habrá políticas de expansión como la suba de jubilaciones mínimas, AUH, tarjeta alimentaria, créditos masivos a tasa subsidiada y moratoria para pymes, la economía no arranque.
— El paquete fiscal anunciado aleja el fantasma de la “hiperinflación” y la de una corrida final de los ahorristas a los “otros dólares”. Incluso abre expectativas sobre la renegociación de la deuda con los acreedores privados: un cierre “rápido, amigable y sustentable” (despejando vencimientos en los próximos años con una quita “consistente”) podría dar inicio a una segunda fase expansiva del plan Fernández. Pero en el corto plazo el mayor riesgo es que las medidas no alcancen para reactivar el consumo, la recesión se prolongue y el humor social no mejore.
