Juan Carlos Lascurian, expresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), fue detenido este martes en el marco de la causa en la que se investiga supuestas irregularidades en obras de remodelación en la mina de carbón de Río Turbio, en la provincia de Santa Cruz. Lascurain presidió la UIA entre el 2008 y el 2010, durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Por lo pronto, el extitular de la entidad durante el kirchnerismo se presentó espontáneamente ante el juez Luis Rodríguez, quien está al frente de la investigación, y quedó a disposición de la Justicia. Su entrega en los tribunales federales de Comodoro Py ocurrió luego que el magistrado emitiera una orden de detención contra el extitular de la entidad industrial. Por la misma investigación, el magistrado ya había ordenado las detenciones del intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, y del diputado provincial Matías Mazú, quien tiene fueros como legislador. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió las detenciones de Pérez Osuna, Mazú y Lascurain que, según señaló, "querían cobrar un anticipo de 50 millones de pesos" por una obra de 500 millones, la Avenida de los Mineros -una readecuación de la avenida YCF, de Río Turbio- que nunca se inició. Según señaló Stornelli, "querían cobrar un anticipo de 50 millones de pesos" por una obra de 500 millones, la Avenida de los Mineros -una readecuación de la avenida YCF, de Río Turbio- que nunca se inició. Esa obra había sido adjudicada a la empresa constructora Fainser S.A., de Lascurain, mediante un "convenio específico que tuvo por objeto la asistencia financiera por parte de YCRT a la Municipalidad", señaló Stornelli en su requerimiento. Aunque la obra nunca se inició, siempre según el fiscal, "la firma adjudicataria recibió importantes desembolsos hacia fines del año 2015, sin contraprestación". Esa obra había sido adjudicada a la empresa constructora Fainser S.A., de Lascurain, mediante un "convenio específico que tuvo por objeto la asistencia financiera por parte de YCRT a la Municipalidad", señaló Stornelli en su requerimiento. Aunque la obra nunca se inició, siempre según el fiscal, "la firma adjudicataria recibió importantes desembolsos hacia fines del año 2015, sin contraprestación".
