La Corte Suprema de Justicia rechazó hoy un recurso del ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido en la causa por irregularidades en la construcción de la Central Térmica de Carbón de Río Turbio, en Santa Cruz.
El máximo tribunal desestimó una queja planteada por la defensa del ex ministro, que cuestionaba un fallo que revocó su sobreseimiento en la causa donde se investigan irregularidades en la licitación, adjudicación, ejecución, financiamiento y el pago de sobreprecios de esa obra.
Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que la presentación no había sido dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.
Este martes fue un pésimo día para De Vido: fue a notificarse del inminente juicio oral por la tragedia de Once y lo elevaron a juicio en la causa por la compra de trenes "chatarra" a España y Portugal. Y a última hora la Corte rechazó el planteo de su defensa por el caso de Río Turbio.
El mes pasado la Sala II de la Cámara Federal decidió revocar el sobreseimiento para De Vido y otros imputados por la construcción de la Usina Térmica de Río Turbio, a raíz de un planteo de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA).
A De Vido lo investigan también por la reactivación de la mina de Río Turbio, donde el fiscal Carlos Stornelli había pedido su desafuero, indagatoria y detención, pero el juez Luis Rodríguez no hizo lugar y decidió seguir investigando.
La causa sobre la que ahora resolvió la Corte se inició en 2009 por una denuncia del entonces diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, que -según dijo- "cuando se licitó la obra el precio pactado era de unos $1.500 millones, pero después de la apertura de ofertas la suma trepó a más de $2.600 millones un año más tarde, y "ello sin mencionar las distintas readecuaciones provisorias de precios que llevarían a un valor final de la obra de $4.213.041.983".
Según los denunciantes, con el dinero que se invirtió se podrían haber construido dos centrales termoeléctricas.
Bonadio había cerrado la causa dos veces, con aval del fiscal Guillermo Marijuan, pero los fiscales de la PIA Sergio Rodríguez y María Andrea Garmendia Orueta se opusieron al sostener que "resulta ineludibles" realizar una serie de peritajes que impiden cerrar la causa.
Entre ellos, mencionaron un informe de la SIGEN y una presentación sobre la base de una auditoría que hizo la actual gestión.
