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Los lineamientos del pre-acuerdo con el FMI exigen más al BCRA que al Ministerio de Economía. El sendero fiscal delineado por Guzmán y el staff del FMI implica una reducción de déficit fiscal primario del 3% del PBI en 2021 a 2,5% en 2022. Sin embargo, este año el Tesoro solo podrá financiarse por 1% del PBI con la “maquinita de emitir pesos” del Banco Central, mientras que el fallido Prespuesto 2022 ya fijaba un exigente 1,8%. Para tener una idea, el año pasado la emisión para asistir al Tesoro Nacional fue de 3,7% del PBI (sumando adelantos transitorios y transferencias de utilidades).

Para el año 2022 implica un “ajustazo” monetario y es el reaseguro que impuso el FMI de que no habrá desbordes adicionales en las cuentas públicas. Para 2023, el año electoral, el torniquete que fijó el Fondo es todavía mayor: la emisión deberá ser casi nula, apenas 0,6% del PBI.

La “receta” que el FMI exige a los países en todos sus programas incluye casi siempre las mismas tres condiciones: ajuste del déficit fiscal, “achicar” el financiamiento vía emisión monetaria y fortalecer las reservas del Banco Central. En el caso de los programas de Facilidades Extendidas (EFF, en inglés), a 10 años, además suele exigir “reformas estructurales”: reforma laboral, impositiva y previsional.

En este caso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, logró cerrar un acuerdo del tipo EFF sin que se incluyeran como condición esas “reformas estructurales”. Y según manifestó tampoco estaría el requisito de un “salto cambiario” previo a la firma del acuerdo, algo también habitual en los programas del Fondo en países con cepo y elevada brecha cambiaria.

A su vez, el sendero de reducción del déficit fiscal puede parecer “gradualista” a la luz los acuerdos firmados por el FMI en la última década. Aunque es más exigente de lo que había propuesto el Gobierno en el fallido Presupuesto 2022, que establecía para este año un déficit fiscal primario de 3,3% del PBI. Ya contamos en otros informes que Guzmán le había “vendido” a Cristina Fernández, y el propio presidente, que el Fondo se había “flexibilizado” y que ese 3,3% de déficit era aceptado por Washington como el punto inicial este año del sendero gradual de reducción del déficit. Por eso el enojo de Máximo Kirchner expresado su carta en la frase “no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios”.

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Del 3% de déficit logrado en 2021 al 2,5% en 2022 no parece una reducción significativa. Pero vale recordar que el año pasado las cuentas fiscales recibieron el aporte extraordinario del impuesto a los altos patrimonios (casi 0,5% PBI) y los precios de la “súper soja” que permitieron ingresos récord vía retenciones (0,6% PBI).

Para llegar a cumplir con esas metas gran parte de los recortes del gasto público deberían enfocarse en los “subsidios económicos” que en 2021 alcanzaron a un nivel equivalente al 3% del PBI (2,3% del PBI en subsidios energéticos). Para ello sería necesario ajustar tarifas de servicios públicos (luz,  gas, agua y transporte), muy por encima del módico aumento del 20% anunciado para las tarifas energéticas para este año. Además, es probable un fuerte recorte en las llamadas “transferencias a provincias”, que en 2021 sufrieron una poda importante respecto al récord de 2022 (cuando se derrumbó la recaudación y, sin maquinita, los gobernadores requirieron asistencia extraordinaria de la Casa Rosada), pero todavía se mantienen por arriba de 2019.

La otra posibilidad, si el kirchnerismo se planta en que moderar los aumentos de tarifas, es que el Gobierno deje que se licue por inflación la mayor parte del gasto covid que todavía está presente en los programa sociales. Según datos de la Oficina de Prespuesto del Congreso, el capítulo de “otros programas sociales”, que incluye el gasto Covid, representó en 2021 todavía 1,8 puntos del PBI, más de un punto por encima de 2019 y el promedio de años anteriores.

La aceleración inflacionaria que pueda generar una suba de tarifas y combustibles, y/o la aceleración del crawling peg cambiario seguirá jugando a favor del cierre de las cuentas fiscales.

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Igualmente “el plato fuerte” del entendimiento con el FMI para la política económica, no son las metas fiscales, sino el “chaleco de fuerza” que el Fondo le impone al financiamiento monetario del déficit. Según los números informados por Guzmán, la emisión monetaria para asistir al Tesoro Nacional pasaría de 3,7% del PBI en 2021 a sólo 1% en 2022 y a 0,6% en 2023, en el año electoral. Es decir, el final del mandato de Alberto Fernández será “vivir sin maquinita”. 

Este requisito acota el margen de maniobra del Gobierno ante, por ejemplo, una aceleración inflacionaria. Si a mediados de años, jubilaciones y AUH volvieran a quedar atrás de la inflación, el gobierno no podría disponer de “bonos” y otras compensaciones por única vez porque no tendría como financiarlas.

Pero además maximiza la dependencia del Gobierno a la “buena letra” dentro del programa con el Fondo, para poder conseguir el financiamiento extra necesario para cubrir el déficit fiscal total, ya sea financiamiento de organismo internacionales, como emisión de deuda en pesos en el mercado local.

Según los números presentados por Guzmán, el déficit total previsto para 2022 es del orden de 4,1% del PBI: 2,5% de déficit operativo o primario, más 1,6% de intereses de la deuda. Para cubrirlo, como sólo contará con 1% del PBI de emisión monetaria del BCRA al Tesoro autorizada, espera disponer de 0,9% del PBI de financiamiento neto de organismo internacionales (FMI, Banco Mundial, BID, etc) y otros 2,2% de emisión de deuda en pesos en el mercado local.

Habrá que ver cuándo llega el reembolso de los DEG pagados al FMI entre septiembre y enero. Si llega todo junto (unos U$S 4.500 millones o más) en marzo, cuando se firme el acuerdo y sea aprobado por el Congreso, el Banco Central podría recomponer sus reservas y garantizarse ese punto de financiamiento de organismo, aunque igualmente que siga abierta la canilla de un mayor financianto de las otras entidades con sede en Washington o incluso de China dependerá del cumplimiento de las metas con el FMI.

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Ahora bien, para obtener un mayor financiamiento neto del Tesoro en el mercado de deuda local, el Gobierno deberá, además de subir la tasa de interés para ofrecer rendimientos reales positivos, mostrar que se ciñe A lo pautado con el FMI y recompone la confianza. Desde junio del año pasado el “roll–over” de la deuda en pesos fue apuntalada por colocaciones de deuda en pesos contra liquidez bancaria: los bancos “desamaron” Leliqs y Pases para colocarse en bonos del Tesoro Nacional que se podían utilizar como encajes bancarios  en el BCRA. Si el Gobierno pretende seguir colocando deuda a los bancos y elevar el financiamiento de deuda en pesos en el mercado local, entonces deberá mejorar las expectativas sobre la política económica y alejar el riesgo de que ahorristas en plazos fijos e inversores vuelvan a correr a los dólares libres, ampliando la brecha cambiaria.

El acuerdo con el FMI además de obligar a “vivir sin maquinita” exige un control continuo de la economía, revisiones trimestrales de las metas y en caso de que encuentre algún desvio respecto del sendero pautado, el FMI condicionará todavía más la política económica. Como dice en off un funcionario cercano al presidente, “la alternativa era tirarnos del avión sin paracaidas. Ahora seguimos volando, aunque no sabemos dónde ni cómo vamos a aterrrizar”.

La renuncia de Máximo Kirchner a la presidente del bloque de diputados del Frente de Todos y el peligro de fractura dentro de la coalición de Gobierno ahora poner a Alberto Fernández ante el desafío de gestionar políticamente la firma del acuerdo, la aprobación en el Congreso y por sobre todo su aplicación. Sólo así podrá despejar el escenario de crisis y empezar a transitar un sendero de restricciones inédito hasta ahora para la política económica de un gobierno asociado al kirchnerismo.