Los números de inflación muestran que no será fácil encuadrar en las metas acordadas con el Fondo Monetario para lo que resta del año. A mayo, la inflación interanual (respecto de mayo del año pasado) era de 26,3%. Pero todas las estimaciones privadas indican que en junio esa inflación anual superará el 28%. Y podría seguir escalando en julio si se extiende el traspaso a precios de la fuerte devaluación de mayo.
En el acuerdo con el FMI se fija como objetivo este año una inflación del 27%, que podría desviarse hasta el 29%. Si el IPC del Indec superara el 29% y con un límite máximo del 32% entonces habría que “negociar” con los técnicos del organismo correcciones a la política económica. El problema es si la inflación atravesara la barrera del 32%: ese sería considerado un “desvío grave” que suspendería los desembolsos del acuerdo stand-by. Sólo podrían reanudarse mediante una aprobación especial del Directorio del Fondo.
Para evitar llegar a esa instancia el Gobierno apunta a dos medidas. Por un lado, frenar el aumento de combustibles que reclaman las petroleras en base a la suba del petróleo y del dólar, como especifica la liberalización del mercado firmada por Aranguren en octubre pasado. El nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, solo autorizaría un aumento de las naftas de 3,5% en julio y después negociará con las empresas la postergación del resto de los incrementos pretendidos. Las petroleras, en cambio, exigen ya un ajuste del 27% en los combustibles. La otra medida será atenuar los aumentos en luz y gas previstos entre agosto y octubre.
El tercer factor que podría ponerle un techo a la inflación es la recesión. Cuanto mayor sea la recesión en los próximos meses, mayores las chances de que los precios no escalen arriba del 32% entre septiembre y diciembre próximos.
