El anuncio del Gobierno de los aumentos de colectivo, trenes, subte, luz y gas para 2019, todo en el mismo día, responde a la decisión obvia de apurar todas las malas noticias antes del inicio de la campaña electoral.
En el caso de la suba de tarifas del transporte, además, apuntó a que Maria Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta no pagaran todo el costo político. A partir de la semana próxima (desde el 1 de enero de 2019) se formaliza el traspaso del Transporte a las jurisdicciones provinciales, que deberán hacerse cargo de los subsidios que decidan o puedan mantener y de los cuadros tarifarios que decidan aplicar. "Negociaron no anunciar ellos los aumentos ni bien reciben el muerto", reflexionó un funcionario. De hecho, Guillermo Dietrich –dispuesto a ponerle el pecho a los aumentos con una sonrisa– anunció incluso la suba de la tarifas del subte (de los 14,50 a 16,50 en febrero –ya previsto; $ 19 en marzo; y 21 pesos en abril) que hace 5 años depende de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, el dato más importante es que la magnitud de los aumentos –40% para el transporte; 55% para la luz principalmente entre febrero y marzo; y 35% para el gas en abril– confirma el nulo margen de maniobra del Gobierno para salirse del sendero de ajuste fiscal pactado con el FMI en el año electoral. Son aumentos tarifarios muy por encima de la inflación proyectada –la meta del presupuesto 2019 es 23%–, que además amenazan con postergar la recuperación del consumo con la idea de que los salarios en los próximos meses le empiecen a ganar a la inflación, después de haber perdido por goleada este año.
En 2018, la devaluación neutralizó gran parte de los aumentos anunciados en el año –en especial, en energía– y disparó nuevamente los subsidios: entre enero y noviembre, crecieron en $ 62.177 millones –35% más– respecto de igual período del año pasado, llegando casi a 240.000 millones. La meta era congelarlos en términos nominales.
Resignados a que hoy ya no cuentan con el margen de maniobra de 2017 –cuando a partir de marzo/abril se suspendieron los tarifazos hasta después de las elecciones–, ahora la única prioridad para Macri y su mesa chica es que no se descontrole otra vez el dólar durante la campaña electoral. Para eso creen que es clave sobrecumplir las metas –trimestrales– de ajuste fiscal de 2019 para no generar ningún "ruido" en la relación con el Fondo, que debe desembolsar U$S 10.900 millones en marzo y otros U$S 11.900 millones en plena campaña electoral. Pero aún así creen que en los próximos meses, apenas arranque la contienda electoral con Cristina, se gatillará un proceso de dolarización de ahorros –el riesgo son los plazos fijos en pesos– que volverá a presionar sobre el dólar. Y por eso estudian medidas para asegurarse que ingresen cuanto antes al país los dólares de la cosecha gruesa.
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