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Detrás de la pulseada política entre Martín Guzmán y el subsecretario de energía, Federico Basualdo, respaldado por Cristina y la Cámpora, está la negociación del ajuste fiscal que el ministro de Economía lleva adelante con el FMI. Guzmán está embarcado en un proceso de ajuste fiscal que empieza a encontrar sus límites en el Instituto Patria, Cristina y Máximo Kirchner, preocupados por el fuerte deteriorio del salario real, por cuarto año consecutivo, y la aceleración de la inflación en el año electoral.

Guzmán no se cansa de decir que un mayor déficit fiscal y más emisión monetaria terminará impactando en una mayor brecha cambiaria y en más inflación. La reducción del déficit (de casi el 7% el año pasado a menos de la mitad este año) es la carta de presentación de Guzmán en la negociación de la deuda (por u$s 44.000 millones) con el FMI.

Los números del primer trimestre del año confirman que, en silencio, ese ajuste fiscal está en marcha. En el primer trimestre, los ingresos reales (descontada inflación) aumentaron 15%, mientras que los gastos primarios cayeron 4,5% en términos reales.

No sólo se eliminó la mayor parte del “Gasto Covid”. El propio ministro logró oponerse hasta ahora a los reclamos por reinstaurarlo para ampliar las restricciones ante la segunda ola. Kicillof, con el respaldo de Cristina, era el principal impulsor de restricciones más duras (fase 1 por 2 semanas) en el área metropolitana y el restablecimiento del IFE y los ATP para garantizar el cumplimiento de las medidas, además de aminorar el impacto económico.

Hasta ahora, el núcleo del ajuste ajuste del gasto público está en “jubilaciones y gasto social” (AUH), que representan el 60% del gasto operativo total (ante del pago de intereses), con una caída de 7,3% en términos reales. A su vez, el gasto en salarios públicos se derrumbó 14,5% marzo de 2021 (respecto al mismo período de 2020) en términos reales.  Los salarios sólo crecieron un 21,4% -nominal- con una inflación que alcanzó el 42,6% (en los 12 meses previos).

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La definición de la actualización del cuadro tarifario de las empresas de servicios públicos para 2021,  determinará el tamaño de “mochila” en subsidios económicos que deberá afrontar el fisco, una de las pocas áreas que sigue en expansión acelerada.

Las tarifas de servicios públicos vienen “congeladas” desde abril del 2019, iniciada la campaña electoral de Macri. Alberto Fernández prorrogó el congelamiento desde el inicio de su mandato.

La contracara del “congelamiento” tarifario es la cuenta de “subsidios económicos” a las empresas de servicios públicos. En 2020 la carga fiscal de los subsidios económicos fue equivalente al 2,5% de Producto Bruto Interno (casi $700.000 millones de pesos) – ver gráfico-

De total de subsidios económicos un 1,8% del PBI correspondió a “subsidios a la energía”  y un 0,8% del PBI a “subsidios al transporte”. 

En el gráfico se observa que en el año 2014 se registró el record máximo de “subsidios económicos” de 3,7% del PBI. Con  los “tarifazos” de la era Macri se redujeron a un mínimo de 1,6% del PBI en 2019.

En el primer trimestre de 2021, la partida de “subsidios económicos” está creciendo a un ritmo muy acelerado de 77% interanual –en términos nominales-, respecto al mismo trimestre de 2020.

 Para tener una idea el gasto en “jubilaciones y pensiones” creció (en el mismo período)  al 30,6% interanual .Es decir, los subsidios económicos duplican la velocidad ajuste de jubilaciones y pensiones.  

Ya se gastaron casi $ 186.000 millones en subsidios a la energía y transporte, el equivalente al 10,6% del gasto público total. Junto con la “obra pública” fueron las partidas que más crecieron.

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Según nuestros cálculos, en el escenario de un cuasi-congelamiento tarifario (con sólo 9% de aumento en el año) como pretende Cristina y el subsecretario de energía Basualdo. La carga de “subsidios económicos” pasaría de 2,5% en 2020 a 3,3% del PBI en 2021 (2,3% del PBI  en energía y 1% del PBI en transporte). Es decir, un aumento de 0,8% del PBI.

Sólo en energía, ese 0,5% del PBI representa unos $ 200.000 millones de pesos por encima de lo presupuestado, un monto similar a los $ 223.000 millones recaudados por la AFIP gracias al impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

Martín Guzmán quería que el monto de los subsidios económicos se mantuviera constante en relación al PBI. Eso implicaba un 2,5% del PBI ( $975.000 millones ). En concreto, una suba de las tarifas cercana al 30% en el año (según los números de inflación y PBI del Presupuesto 2021).

Guzmán es consciente de los riesgos que implica mayor emisión monetaria en este contexto. Y sabe que sin un tope en el gasto en “subsidios económicos” será más lento el sendero de reducción del déficit fiscal. Pero detrás de todo están las condiciones de la negociación con el FMI.

Cristina, Kicillof y Máximo Kirchner no sólo creen que el ministro se pasa de rosca con el ajuste fiscal este año. Piensan, además, que la renegociación de la deuda con el FMI a 10 años, la única fórmula posible dentro del estatuto del Fondo en la actualidad, como pretende Guzmán, dejaría muy condicionado el margen de acción de la política económica del proximo Gobierno que debería empezar a pagar en la segunda mitad de su gestión montos de capital e intereses insostenibles en el tiempo.

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El tema tarifario también impacta en el mercado cambiario y en la escasez de dólares del BCRA. Energía “barata” es sinónimo de mayor consumo energético y, sin autoabastecimiento, el riesgo es que se vuelvan a disparar las importaciones de energía.

Si observamos el gráfico de “déficit energético”, el punto de mayor atraso tarifario y elevadísimos subsidios a las empresas de servicios públicos fue el 2014. La balanza energética (exportaciones menos importaciones)  arrojó ese año un saldo negativo de 6.900 millones de dólares. Vale señalar que en 2007 el país tenía un superávit energético de más de 4.100 millones de dólares.

 Este desequilibrio se fue corrigiendo tras los “tarifazos” de la era Macri. En 2019 el déficit fue prácticamente nulo, aunque es cierto que la recesión contribuyó a reducir fuertemente las importaciones. En 2020, producto del derrumbe de la economía (el PBI cayó 9,9%) se volvió el superávit energético “por las malas” (u$s 953 millones).

En 2021, si continúa el cuasi-congelamiento tarifario, es probable que el saldo energético se vuelva a revertir y sea necesario volver a importar, un factor más de presión sobre las reservas del BCRA.

En resumen, la pulseada de Guzmán con el kirchnerismo duro es un conflicto de fondo sobre el rumbo de la política económica. Genera “ruido” en la negociación con el FMI ya que debilita en un momento clave al principal interlocutor que tiene Argentina para encarar el acuerdo con el organismo internacional. Pero también tiene su impacto desde el punto de vista ifscal y en el corto plazo no sólo condiciona la forma de administrar la segunda ola sino que abre interrogantes sobre la copacidad de Guzmán para avanzar en un plan de estabilización que evite a futuro un nuevo salto de la brecha cambiaria y una aceleración inflacionaria todavía mayor.