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El 2021 comenzó con un fuerte ajuste del gasto público impulsado por el ministro Guzmán. El déficit fiscal fue de solo 0,5% del PBI en el primer semestre de 2021. Los principales ajustes, en términos reales, se dieron en jubilaciones, salarios públicos, programas sociales y el llamado “Gasto Covid” respecto de lo ocurrido en 2020. Sin embargo, si extendemos el análisis desde el año 2017 hay algunas partidas que subieron muy fuerte y ganaron “peso” en el gasto público, ccomo los Programas Sociales de Emergencia. Otras, como la Obra Pública (Gastos de Capital), rebotan desde un “piso” muy bajo.

El año 2021 comenzó con un fuerte ajuste del gasto público en términos reales, descontada la inflación. El ministro Guzmán eliminó el grueso del “Gasto Covid” en 2020 (IFE y ATP). Además, recortó el gasto en jubilaciones (tras la aprobación de la nueva de la fórmula de actualización de los haberes), junto con los salarios públicos y los programas sociales. Contrariamente, las partidas asociadas a la “Obra pública” (gastos de capital) crecen a un ritmo acelerado, arriba del 130% interanual.

Si analizamos la evolución de las partidas del gasto públicos (en términos reales) desde el año 2017 se observan distintas dinámicas.

En el caso de las jubilaciones, que junto con los programas sociales explican 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado Nacional, se observa una especie de “serrucho”, por tener una actualización trimestral (según la ley de movilidad previsional vigente y la anterior). En los meses que impacta el ajuste de la fórmula de movilidad hay una recomposición del poder adquisitivo. Con el tiempo se va “diluyendo” por el efecto de la inflación. 

Además, a fin del año 2017 se modificó la ley de movilidad previsional y en el medio los jubilados perdieron un trimestre de actualización de haberes. En 2018 la aceleración de la inflación (47,6% anual)  “licuó” los ingresos de los jubilados.

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Por ello, el gasto en jubilaciones cayó fuertemente: pasÒ de $1.070.000 millones (en pesos de 2021) en el cuarto trimestre de 2017 a $894.000 millones en el mismo periodo de 2018. Dicho de otra manera, el gasto previsional cayó entonces 16,4% interanual en términos reales (descontando la inflación).

En 2020, con las suspensión de la fórmula de movilidad y aumentos discrecionales por decreto, el gasto en jubilaciones promedió $840.000 millones por trimestre. En 2021 en el primer semestre el gasto trimestral en jubilaciones fue de $778.000 millones (promedio).

En resumen, esta 7,3% por debajo de nivel 2020 y se ajustó un 27,3% (en términos reales) desde el cuarto trimestre de 2017 (previo al cambio de fórmula de actualización).

Otras de las partridas que más se ajustó desde el año 2017 fueron los salarios públicos. El gasto en salarios públicos, en términos reales, cayó sistemáticamente desde 2017 (ver gráfico).

En el primer trimestre de 2017 se gastaban $336.700 millones (por trimestre), a valores de hoy, para cubrir los salarios de empleados públicos nacionales. Ya en el arranque de 2018 eran $319.000 millones. Tras la disparada del dólar, la aceleración inflacionaria empezó a “licuar” las partidas destinadas a pagar los salarios públicos. En el arranque de 2019 (primer trimestre) el gasto trimestral en salarios públicos ya se había reducido a $265.000 millones, todos expresados en pesos de 2021. Es decir, un  21,2% menos que en el año 2017, en términos reales.

Por último, en 2020 y parte de 2021 producto de la pandemia y de paritarias que se negociaron por debajo de la inflació, el gasto destinado a cubrir los sueldos del sector público nacional fue de $223.452 millones en el segundo trimestre de 2021. Esto implica una caída en 4 años de 33% en términos reales.

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En el caso de los programas sociales se observan 2 dinámicas distintas, especialmente a partir del impacto de la pandemia. El gasto en los llamados programas sociales “tradicionales”, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares, se mantuvo bastante estable durante el período 2017-2021. Desde 2017, se gastaron en promedio 140.000 millones trimestrales, siempre a valores de hoy, es decir expresado en pesos de 2021.

Sin embargo, aquellas partidas específicas incluidas en la partida “Otros programas sociales” que incluían transferencia como el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) y el  ATP en 2020 tuvieron obviamente un salto muy fuerte en 2020, como consecuencia de la pandemia. Al igual que 2021 ocurrió con otros programas de menor monto, destinados a asistir en la emergencia como Políticas Alimentarias (Tarjeta Alimentar), Potenciar Trabajo y REPRO ll, entre otros.

En 2021 pese a tener una reducción significativa en términos reales, respecto a 2020, esos programas se mantienen un 200% por encima del nivel pre-pandemia (en el año 2019)

Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2021 se gastaron en concepto de “Otros programas Sociales” $157.014 millones Mientras que 2 años atrás (mismo periodo de 2019) el Estado Nacional gastó solamente $51.000 millones.

Ahora, si comparamos el peso de la partida de  AUH y Asignaciones Familiares respecto de “Otros programas sociales”, en el año  2017, con el gasto en AUH trimestral se podían pagar el equivalente a 5 trimestres de “Otros programas sociales” .

Mientras que en el segundo trimestre de 2021, el gasto total en “AUH y Asignaciones Familiares” no llega a cubrir el gasto en “Otros programas sociales” (alcanza sólo para cubrir el 82% de dicha partida).

Básicamente, lo que se refleja el gráfico es que hay gastos que se definieron en la emergencia del Covid-19, que por su naturaleza eran “gastos transitorios”, y se están transformando en “gastos permanentes”. Es decir, son muy difíciles de eliminar mientras continúe la crisis económica y la pandemia.

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En tanto, la “obra pública”(gastos de capital) es una de las partidas que creció aceleradamente en 2021. En el segundo trimestre de 2021, comparado con igual trimestre de 202, la obra pública -en términos reales- creció 46%. El Gobierno pretende que sea uno de los motores de la recuperación de la economía en el año electoral.

Sin embargo, si observamos en los años previos (desde 2017 hasta 2021), es una de las partidas más utilizadas para ajustar las cuentas fiscales, como ocurrió tras el acuerdo con el FMI en el año 2018.

Así, en el primer trimestre de 2017 el gasto en “obra pública”  -en pesos de 2021- era de $232.000 millones (por trimestre). Dos años (segundo trimestre de 2019) más tarde se había achicado a $119.144 millones. Es decir, prácticamente se redujo a la mitad.

Con el impacto de la pandemia y la parálisis de la obra pública en 2020 se derrumbó otro 45% (en términos reales). En el primer trimestre de 2020. sólo se destinaron $65.000 millones (en pesos de 2021) para inversiones en “Obra pública”. Este año los llamados gastos de capital se recuperan fuerte, pero desde el fondo del pozo (ver gráfico).

En el segundo trimestre de 2021, se destinaron $140.000 millones a obras, un aumento de 115% respecto del segundo trimestre de 2020. Sin embargo, el nivel de la inversión pública todavía es muy bajo y debería crecer 65% (en términos reales) para volver recién a los niveles de gasto de capital de 2017.

Amílcar Collante