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La ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner enfrentarán esta semana sus indagatorias en la causa conocida como "Los Sauces", ante el juez federal Claudio Bonadio, en medio de un fuerte operativo de seguridad en los tribunales de Retiro.
El juez espera a las 9 de mañana a Florencia Kirchner, la hija menor de la ex presidenta, cuya libertad está garantizada luego de que su madre pidiera una exención de prisión ante el temor de que la joven pudiera ser arrestada.
Luego, a las 10 está prevista la indagatoria de Máximo Kirchner, diputado nacional y líder de la Cámpora. 

Al parecer los hijos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregarán un escrito armado por el defensor Carlos Beraldi, en donde rechazarán las acusaciones de haber conformado una organización para cometer delitos con empresarios como Cristóbal López y Lázaro Báez.
La lista de indagatorias se cerrará el martes, a las 9, con la presentación en los tribunales de Cristina Fernández, quien ya tiene sobre sus hombros dos procesamientos: uno dictado por Bonadio por la maniobra de dólar futuro, y otro por asociación ilícita dictado en diciembre por el juez Julián Ercolini.
Es de esperar que la ex presidenta también presente un escrito de descargo, aunque también haría una exposición oral sin contestar preguntas -tal como lo hizo en las dos indagatorias anteriores-.
Tanto mañana como el martes habrá un fuerte operativo de seguridad por parte de distintas fuerzas de seguridad y no se podrá ingresar al edificio de Comodoro Py 2002 sin acreditación.
Con estas presentaciones, Bonadio cierra la lista de indagatorias que incluyó a Lázaro Báez, tres de sus hijos, al chubutense Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa, el contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares y Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo en negocios inmobiliarios, entre otros.
A partir de entonces, el juez podrá resolver la situación procesal de los involucrados en esta causa en donde en la imputación inicial se mencionaron los delitos de cohecho, lavado y negociaciones incompatibles con la función pública.