El gobierno nacional incluyó el controvertido artículo 37 en el proyecto de responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y por el cohecho, luego de la reunión que el ministro de Justicia, Germán Garavano, mantuvo con los representantes de la constructora brasileña Odebrecht, en la Argentina.
La versión fue confirmada por distintas fuentes legislativas, que insistieron en remarcar un "curioso" interés del Ejecutivo por la necesidad de sellar acuerdos de delación sobre delitos anteriores a la aprobación de la norma, bajo la fiscalización de la Procuración del Tesoro, dependiente del gobierno nacional.
"El proyecto ingreso aproximadamente en octubre de 2016 y entre fines de mayo y comienzos de junio este año se decidió incluir este artículo. Lo planteó la Oficina Anticorrupción", reveló un importante operador del radicalismo.
La propuesta del gobierno nacional efectivamente ingresó a la Cámara baja el 20 de octubre del año pasado e incluía un artículo 37 pero hacía referencia a la puesta en vigencia de la norma después de su aprobación.
En tanto, el 23 de mayo de este año, Garavano recibió a los representantes de Odebrecht que llevaron una propuesta para alcanzar un acuerdo similar al sellado con la justicia en Brasil. Tras aquel encuentro, la jefa de la Oficina Anticorrupción tuvo varias reuniones con los diputados oficialistas de la comisiones de Legislación Penal y Legislación General, que presiden Gabriela Burgos (UCR) y Daniel Lipovetzky (PRO), respectivamente.
Incluso, los diputados del oficialismo habían llegado a elaborar un texto consensuado con los distintos sectores de la oposición que no incorporaba la posibilidad de acuerdos administrativos para hechos anteriores, con el beneficio de extinción de la pena, pero la propuesta tuvo que ser abortada cuando Alonso impuso el "artículo Odebrecht".
"Ese artículo era un invento, una figura absolutamente confusa pero redactada de manera tal que pueda ser interpretada para que el gobierno pueda sellar acuerdos con una empresa corrupta sin intervención del fiscal, ni del juez, asimilando el convenio de colaboración al acuerdo que se firma ante el fiscal", apuntó un importante diputado opositor.
Sectores del radicalismo se opusieron en su momento a la norma promovida por el Ejecutivo, pero debieron aceptar la legislación reclamada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
"No hay nada que impida investigar hacia atrás, lo único que las empresas no van a poder firmar acuerdos de colaboración con la ley que tiene media sanción de Diputados", aclaró un legislador para sostener sus sospechas por el interés del oficialismo por el cuestionado artículo que finalmente no avanzó en el recinto de la Cámara baja.
