La nueva escalada de Cristina sobre Guzmán antes que por lo que pasó, es por lo que viene. En la última semana, desde Washington, llegaron dos advertencias que hacen crujir la interna oficial por el rumbo económico y, en particular, por cómo enfrentar la aceleración inflacionaria.
La primera señal la anticipó el director del Hemisferio Occidental del FMI, el economista brasileño-israelí, Ilan Goldfajn, cuando dijo que las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas firmadas con Argentina no se modificaban y que había que cumplirlas.
El kirchnerismo se había ilusionado con la idea de que, tras el shock de Ucrania, el FMI aceptaría una flexibilización temprana de las metas de reducción del deficit fiscal (2,5% del PBI) y del ajuste monetario, el cerrojo que se pretende imponer este año al Banco Central para financiar al Tesoro (1% del PBI frente a 4% en 2021).
El propio Guzmán, a quien el kirchnerismo cuestiona que se maneja con total secretismo en sus conversaciones con el Fondo, a su regreso de Washington, confirmó esas metas, convencido de que el acuerdo es la única ancla de expectativas con que cuenta la economía argentina.
La ratificación supone avanzar con otro aumento de tarifas de servicios públicos (luz y gas) en junio, la verdadera batalla de estos días de Guzmán y Alberto Fernández con La Cámpora, cuyos funcionarios manejan los organismos del área energética que deben instrumentar los ajustes. La semana próxima, entre martes y jueves, se realizarán las audiencias públicas, en paralelo con la marcha piquetera federal de 3 días que desplegarán los movimientos de izquierda en reclamo de más planes sociales. ¿El kirchnerismo se sumará en algún momento al reclamo en la calle?
La segunda advertencia de los economistas del FMI fue trasmitida, en teleconferencia, a Miguel Pesce, aunque Guzmán ya la habia escuchado personalmente en Washington. Le “sugirieron” al titular del Banco Central que acelere la devaluación del tipo de cambio oficial, junto con una suba más agresiva de la tasa de interés de referencia, para apurar la compra de dólares. La escasez de reservas en el Central ya iniciada la temporada alta de oferta de divisas del agro encendió todas las alarmas.
Entre enero y abril, según los últimos datos de CIARA, el sector cerealero –con precios récord– ingresó al país U$S 11.098 millones, un pico histórico, 80% más que en igual período de 2018/2018, y más del doble que en 2020. El anterior récord había sido el año pasado, con U$S 9.755 millones. Sin embargo, en el primer cuatrimestre del año pasado, el BCRA realizó compras netas por U$S 3.640 millones, mientras que este año apenas sumó U$S 175 millones.
A marzo, en los últimos 12 meses, el IPC acumuló 55% y el dólar oficial sólo 21%. Es un ancla que no ancla, en una economía con brecha cambiaria del 80%, toda clase desequilibrios y nula confianza en la política oficial. Pero liberarla bruscamente en este contexto sería un boleto de ida a otro régimen inflacionario.
La respuesta de Pesce fue obvia: con la inflación corriendo al 6% mensual no se puede acelerar más la suba del dólar oficial (que en abril corrió al 4%, el ritmo de devaluación más rápido en un año, frente al 1% en gran parte de 2021), porque daría un impulso adicional a los precios, en especial de los alimentos, que ya viajan arriba del 61% anual. En cambio, se comprometió a seguir subiendo la tasa de interés, y a acumular reservas en base a más controles a la demanda de dólares oficiales (pago de importaciones de bienes y servicios), cerrando los canales de “filtraciones”.
Esta semana, a fuerza de más cepo, el Banco Central adquirió U$S 430 millones, más dólares que durante los primeros cuatro meses del año. Entre mayo y junio debería comprar (netos de ventas) al menos U$S 2.600 millones para cumplir con la meta con el Fondo de la primera mitad del año y otros U$S 1000 millones hasta diciembre.
Después de julio se termina la temporada alta de oferta de dólares del agro y, en la última década, el Central fue estacionalmente vendedor. Por eso la preocupación por juntar los dólares y ordenar el frente interno en estos meses –más allá de que se cumpla o no la meta—para preservar la estabilidad cambiaria después.
Guzmán le dijo a Alberto Fernandez que hay que aguantar con niveles inflacionarios altos (aunque inferiores al pico de marzo) hasta julio y que después se notará de manera marcada la desaceleración. También que la economía volverá a crecer este año más de lo previsto: por “arrastre estadístico” si la economía se estancara en los niveles de febrero pasado, igual mostraría este año un piso de crecimiento del 5% en comparación con el promedio del año pasado (ver gráfico).
Sin embargo, en el medio habrá que atravesar un callejón de máxima tensión en la calle y en la interna oficialista. Estos niveles de inflación y el encarecimiento del crédito ya están golpeando sobre el consumo, y el enfriamiento de precios requiere, en la secuencia esperada por el FMI, un enfriamiento previo del nivel de actividad, con salarios y jubilaciones atrás de la inflación. El recomodamiento de precios relativos atrasados –dólar oficial, tasa de interés, tarifas públicas, combustibles y servicios privados que el Gobierno ya no pisa—inexorablemente va por ese camino.
Cristina mira esa secuencia espantada, tras la demolición de su capital politico el año pasado, pese a la recuperación pospandemia, cuando la inflación corría un escalón más bajo, había crédito barato y el FMI todavía no controlaba la maquinita de emitir pesos del BCRA.
Por eso festeja cuando los bancarios cierran una paritaria del 60%. Exige la cabeza de Guzmán y un cambio de rumbo urgente (flexibilizar metas con el FMI, postergar aumento tarifarios, aplicar retenciones, “enfrentar al poder económico” por los precios, etc.). Pero también busca alejarse del derrumbe en las encuestas.
Paradójicamente, la fragmentación políltica oficial es lo que garantiza la continuidad de Guzmán. Más allá del casting de candidatos de Sergio Massa y los almuerzos de Alberto con Lavagna, no hay, por ahora, quien reuna las condiciones políticas para sellar la grieta y administrar el programa con el FMI.
Sin embargo, la interna feroz genera un circulo vicioso que impacta directamente sobre la gestión económica: a mayor incertidumbre sobre el rumbo, mayor presión sobre el dólar, más inflación, tasas de interés más altas y menos actividad económica. En abril, el Tesoro no pudo renovar toda la deuda en pesos que vencía (hasta marzo había conseguido financiamiento neto por $ 640.000 millones) y el BCRA emitió emitió $ 80.000 millones ($ 202.000 millones en 4 meses) para pagar las cuentas, todo por ahora dentro de los márgenes autorizados por el FMI. Pero de nuevo, a más incertidumbre…
Alberto abraza a Guzmán y él se abraza al FMI con el discurso que el establishment económico quiere escuchar: “Podemos seguir creciendo en 2023, pero tenenos que ser racionales”, dijo ayer en el almuerzo del Cecyp. Ambos coinciden en que un golpe de timón como pretende Cristina sería un salto sin red a una nueva fase de la crisis.
