Laura Alonso: "Me causa gracia que se diga que la Oficina Anticorrupción es la oficina del encubrimiento"

laura-alonso-me-causa-gracia-que-se-diga-que-la-oficina-anticorrupcin-es-la-oficina-del-encubrimiento-2018-02-25

¿La sorprende el caso de Valentín Díaz Gilligan?
-Por política institucional no opinamos sobre casos. La Oficina Anticorrupción (OA) va a informar a través de sus decisiones institucionales. A la OA le interesa analizar la documentación disponible, la que nosotros consigamos porque le pedimos a otros organismos públicos, privados, nacionales, internacionales y contrastamos esa información que para nosotros es documentación probatoria con la legislación vigente y recién ahí emitir nuestra opinión.
-Ante cada revelación sobre funcionarios, las miradas van a la OA… ¿No debería haber actuado antes?
-La OA es un órgano administrativo que tiene algunas facultades de investigación dentro del Poder Ejecutivo. Esto de ninguna manera anula el trabajo del Ministerio Público ni del Poder Judicial, que en muchos casos se complementa. La OA aporta información a causas judiciales vinculadas a funcionarios actuales y también a los del pasado. En esta gestión los jueces han requerido informes técnicos a la OA por omisiones en declaraciones juradas, por si corres- ponde aplicar algún tipo de sanción. Creo que el Gobierno le da valor a la OA, que para eso fue creada en el año 2000: no sólo para investigar el pasado o para querellar en los grandes juicios de corrupción sobre funcionarios públicos. También tiene un gran rol preventivo y de contralor en tiempo real, algo que no sucedió en los 12 años del kirchnerismo.
-Muchos funcionarios se anticipan a los dictámenes. El ministro Etchevehere devolvió el bono a la Rural y Díaz Gilligan renunció… ¿Todo queda en la nada?
-Todo continúa. Todos los expedientes, todas las actuaciones siguen hasta el final. No importa después si en el camino un funcionario renuncia, pide licencia. La OA continúa con su trabajo. Es un mandato que nos hemos puesto. Cuando llegué, encontré un desastre: había miles de carpetas abiertas que sólo tenían una hoja y nunca se había profundizado en la investigación. Hoy están los expedientes, se requiere información a otros organismos, se hacen los análisis técnicos y después decidimos si vamos a la Justicia o si alcanza con una fuerte recomendación al funcionario y una resolución de carácter público.
-Este Gobierno lleva más de dos años, ¿ qué dictamen de la OA cambió algo?
-Creo que el dictamen sobre la tenencia accionaria en Shell del ministro Juan José Aranguren fue de los más importantes en la historia de la OA. Y fue importante por la actitud del funcionario. Aranguren no vendió antes. Públicamente sostuvo que él iba a esperar el análisis y el dictamen de la OA para hacer lo que la oficina le dijera. Me parece que tuvo la actitud institucional que debe tener un funcionario público, que es respetar la voz institucional respecto de su situación. Ese dictamen estableció una vara dentro del propio Gabinete e impuso una agenda que es la que estamos trabajando actualmente, vinculada a la reforma integral de la Ley de Ética Pública, que incorpora un capítulo mucho más amplio sobre la prevención y la administración de los conflictos de intereses, especialmente vinculado a la tenencia accionaria y la compra de otro tipo de activos financieros o su venta. Y que también establece la autonomía y autarquía de la OA con un mecanismo público de selección de su titular.
-Con un gabinete con tantos funcionarios del sector privado, la OA, ¿se encuentra con problemas nuevos que no tenía la Argentina?
-Quizás los teníamos pero nadie se fijaba. El dato innovador y súper positivo es que estas cuestiones hoy están en la agenda. Nosotros en la oficina hacemos un procedimiento nuevo que antes no se hacía, que ante cada nombramiento en Boletín Oficial se hace un chequeo com- pleto de sus antecedentes a través de bases de datos públicos e inmediatamente recibe dentro de los primeros diez días una notificación preventiva de la OA donde le recuerda lo que dice la ley de ética pública. Y se le dice qué cosas va a poder y no va a poder hacer en su función. Este es el cariz preventivo del trabajo.
-Algunas voces de la oposición se refieren a la OA como la oficina del “encubrimiento”…
-A mí me causa gracia, son bastante hipócritas porque fueron parte de la cleptocracia que gobernó la Argentina durante 12 años. Al contrario, esta es la oficina de la prevención. Es más, si un funcionario no hace caso a lo que la OA le dice en la instrucción preventiva es muy probable que se encuentre después en una situación judicial compleja, porque puede un conflicto de intereses transformarse, si no se respeta la ley de ética pública, en una negociación incompatible o en un tráfico de influencias y eso ya lo determina una investigación judicial.
-Su nombramiento fue cuestionado al tratarse en su caso de alguien que ha militado por este Gobierno…
-Yo trabajé 8 años en Poder Ciudadano y como diputada nacional durante seis años, promoví muchas leyes de transparencia sin ningún éxito, básicamente porque estábamos bajo un régimen de híper corrupción entonces. Y llegué a este lugar con un profundo background profesional. Probablemente con mucha más trayectoria que aquellos que me han criticado. Empecé a trabajar en el fortalecimiento de un organismo que estuvo destruido, que nunca logró nacer plenamente porque la crisis de la Alianza se llevó puesta toda posibilidad de madurez institucional de la OA y luego vino un lapso de 12 años de interrupción. Nosotros participamos en 20 de los casos de corrupción más importante de la administración anterior, pero también en materia de política de prevención y de control interno en articulación con otros organismos del Estado y en participación internacional. La OA en Argentina rinde cuentas por el Estado argentino en la OCDE, en el G20.
-¿Cuánto tuvo que ver Daniel Angelici en su designación? ¿Cómo es su relación con él?
-La decisión de mi designación fue pura y exclusiva del Presidente de la Nación con una fuerte recomendación de Ernesto Sanz. Con Angelici nos conocemos porque yo milité en la Juventud Radical antes de irme a estudiar a Inglaterra y lo conozco desde el año 95. Tenemos una relación familiar, no tenemos ningún tipo de relación comercial. Soy una empleada pública desde que entré a la Cámara de Diputados y antes fui empleada de Poder Ciudadano.
-¿Qué tipo de relación familiar?
-Mi novio es el padrino de su hijo mayor y se conocen desde el año 83 cuando militaron juntos en la Juventud Radical haciendo campaña por Raúl Alfonsín.
-Usted logró la ley de responsabilidad penal empresaria, ¿cómo es la actitud de los empresarios respecto de la corrupción?
-Me gustó trabajar con el sector privado y varios especialistas para una ley que es condición sine qua non para el ingreso a la OCDE. Se trata de tener un régimen que penalice la corrupción transnacional y doméstica. Y no sólo la corrupción empresaria. También en fundaciones, entidades civiles y deportivas. Los clubes de fútbol y federaciones deportivas van a tener también que aplicar esta ley. Discutimos durante más de un año y medio, vino gente de la SEC de Estados Unidos, de la Oficina de Fraudes Serios del Reino Unido, especialistas de la OCDE en dos oportunidades, lo discutimos varias veces con diputados y senadores. Ese camino fue cimentando la concientización en el sector privado de que las cosas de verdad han cambiado en Argentina y en el mundo: ya no se pueden hacer negocios pagando coimas o intentando influenciar a un funcionario público. Y esto también pone en el funcionario público o al empleado público una vara distinta, porque hoy el empresario se acerca al Estado con una responsabilidad diferente, que sabe que si lo encuentran no sólo va a sufrir él una consecuencia personal, sino que lo va a sufrir su empresa o su negocio. Esta ley va a tener efectos copernicanos en la forma de hacer negocios. El Presidente va a firmar unos decretos en las próximas semanas donde pondrá en cabeza de la OA la competencia. La oficina, además de ser competencia en la aplicación de la ley de ética pública, será autoridad de aplicación de la ley de responsabilidad corporativa. Estas son leyes que existen en al menos 16 países de los 20 países del G20 y que le generan más oportunidades de negocios y una mejor reputación al empresario argentino. Entonces yo creo que lo que hay que ver es un sistema preventivo de la corrupción. La corrupción es una enfermedad y hay que prevenirla. Cuando sucede, los tratamiento son muy caros.
-¿Qué pasa con la corrupción sindical?
-Nuestro objetivo es trabajar con los sindicatos, con las provincias y el Poder Judicial. Tenemos que saber quiénes son los miembros del Poder Judicial, qué intereses tienen, cuáles son sus conexiones, si hay conflictos de intereses, quiénes hacen las contrataciones, cuáles son las empresas que le proveen de servicios. Y lo mismo digo para el Legislativo.
-¿Lo ve al Presidente?
-Por supuesto que sí para hablar de la OA, de la necesidad de reformar la ley de ética pública, de la necesidad de trabajar articuladamente. Es importante cambiar la reputación del país para atraer la mejor inversión, la que respeta los derechos humanos, la que promueve la igualdad salarial con las mujeres, que cuida el medio ambiente y que no paga coimas. Esa es la mejor inversión, no sólo importa la plata, sino que sea de calidad, que venga a hacer negocios por mucho tiempo al país, que genere empleo genuino y que pague salarios dignos. Entonces hablamos de esos temas porque entiendo que esta agenda de la transparencia, más allá del dedo que puede tapar el sol o del árbol que puede tapar el bosque, es un pilar esencial para el desarrollo sustentable del país.
-¿Recibe llamadas de los ministros?
-Jamás. Ni siquiera del Presidente. No lo hemos hecho público, porque son trámites que se manejan en las verificaciones patrimoniales que se hacen sobre 1.500 funcionarios. Pero al Presidente se le ha pedido información extra sobre sus declaraciones patrimoniales y ha respondido cada vez que se lo ha requerido en el expediente.
-¿Es hipócrita la sociedad argentina respecto de la corrupción?
-No. Gran parte de la sociedad, sobre todo las clases populares, se ha despertado con indignación frente a la tragedia que significa la corrupción en su vida cotidiana. Y esa indignación hoy se vive con una calidad de demanda distinta que en 2001 cuando se pedía “que se vayan todos”. Hoy la demanda pasa por la calidad institucional y por saber a dónde van los recursos públicos. La corrupción es una enfermedad y hay que prevenirla. Cuando sucede, los tratamientos son muy caros”.