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El juez federal Daniel Rafecas mandó hoy a juicio oral y público por "enriquecimiento ilícito de funcionario público" al ex secretario kirchnerista de Obras Públicas, José Francisco López, a su esposa y a una monja del monasterio de General Rodríguez.
Fuentes judiciales informaron que el magistrado también dispuso que se enjuicie a tres empresarios y a un abogado, quienes supuestamente fueron testaferros de López en las compras de un chalet en Dique Luján, partido de Tigre, y un departamento en el barrio de Recoleta.
En un fallo de 268 páginas, Rafecas resolvió la clausura parcial de la instrucción en la causa penal, que se había iniciado por una denuncia radicada en 2008, y elevarla a la etapa del debate oral y público, para lo cual ahora deberá sortearse un tribunal oral. 

A López, en primer lugar, lo mandó a juicio por "la tenencia en su poder en efectivo de casi nueve millones de dólares y unos 150 mil euros", que fueron detectados el 14 de junio de 2016 cuando intentó esconder los bolsos con esa suma, de madrugada, en el monasterio Nuestra Señora de Fátima.
El delito de "enriquecimiento ilícito de funcionario público" que se atribuye a López tiene previsto en el Código Penal un castigo de dos a seis años de prisión, multa hasta el cien por ciento del valor en que aumentó la fortuna e inhabilitación absoluta y perpetua.
Al declarar como imputado, López aseguró que aquella fortuna provenía "de la política", pero nunca precisó su origen.
Serán juzgados por ese hecho, además, su esposa, María Amalia Díaz, como partícipe necesaria, y la religiosa que ayudó a ingresar los bolsos al convento, Celia Inés Aparicio, como supuesta autora del delito de encubrimiento del enriquecimiento ilícito del matrimonio.
También mandó a juicio oral a Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez, presuntos testaferros y partícipes necesarios, en la compra de la casa de Dique Luján, que López habitaba al momento de su detención y tiene 200 metros construidos en un lote de 2000 metros, tasada en 680.000 dólares.
A la vez, a Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio Marconi los mandó a juicio porque supuestamente habrían dejado que López usara a la sociedad "Marketing y Eventos S.A." como pantalla en la compra de un departamento en Las Heras 2032, valuado en 110.000 dólares.
Rafecas rechazó el planteo de nulidad del requerimiento fiscal de juicio oral del abogado de Galera, Maximiliano Rusconi, que ayer debutó como defensor del ex ministro kirchnerista de Planificación e Infraestructura, Julio De Vido, en el juicio por la tragedia de Once. López, secretario de Obras Publicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ya estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito, pero su situación judicial cambió cuando lo detuvieron en el monasterio con una carabina, dos costosos relojes, 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 159.114 pesos.
Desde entonces cumple prisión preventiva en la cárcel federal de Ezeiza, junto al ex secretario kirchnerista de Transporte Ricardo Jaime y el empresario santacruceño Lázaro Báez.