Sergio Rodríguez, el fiscal jefe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que presentó una denuncia penal para que se investigue el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino SA, dijo hoy que “el sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del 2001 hasta el 2033”.
“Si uno es acreedor, no quisiera cobrar lo mismo que me debían en el 2001 después de tantos años”, sostuvo el fiscal en referencia a los 296 millones de pesos que el Estado verificó como deuda en aquel entonces.
Asimismo, informó que en su denuncia le solicitó al procurador del Tesoro Nacional, Juan Carlos Balbín, que “haga una auditoría de todo el proceso concursal” para saber “qué pasó del 2001 hasta hoy” que todavía no se cobró la deuda y advirtió que podrían ser responsables funcionarios de gobiernos anteriores.
En diálogo con radio La Red, Rodríguez contó que “en la denuncia que trasladé a la Justicia, califiqué como una eventual administración fraudulenta en perjuicio del Estado y posible tránsito de influencias y negociaciones incompatibles”.
Además, precisó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas “tiene una doble competencia, penal y administrativa”, por lo que también le ordenó a Balbín que “forme un sumario administrativo para que deslinde las responsabilidades disciplinarias, administrativas y patrimoniales de todos los funcionarios que intervinieron en el marco de este acuerdo”.
Esta segunda medida adoptada por el fiscal responde a que “una de las cuestiones que se señalan en este dictamen (de la fiscal Gabriela Boquín) es que el funcionario que dio acuerdo a esta propuesta, no tendría las facultades necesarias”, dijo Rodríguez en referencia al director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa. Consultado por si “está bien o no” que un gobierno acepte cobrar una deuda hasta el 2033 y que además el presidente Mauricio Macri sea familiar directo del grupo empresarial dueño de la empresa Socma, el fiscal dijo: “El sentido común indica que el Estado no debería cobrar esta deuda nominativa del año 2001 hasta el 2033”.
“Esto es un concurso de acreedores. La firma tiene una deuda donde el Estado la verificó y el Estado tiene que tratar de cobrarla de la mejor manera posible”, argumentó y agregó: “Cuanto más tiempo pasa, es más favorable para el concursado”. Rodríguez presentó la denuncia luego de que la fiscal general Gabriela Boquín dictaminó que se rechace el acuerdo entre el Gobierno y Correo Argentino S.A. por considerar “abusiva” la propuesta de la empresa, que fue ofrecida en junio del año pasado y, luego de ser aceptada por el Ministerio de Comunicación, todavía no fue homologada.
