El gobierno salió en los últimos días a mostrar su plan para ajustar los “gastos de la política”, si se quiere la cara más “simpática” del ajuste que viene. Nicolás Dujovne elaboró un dossier con 10 medidas para recortar gastos (congelar vacantes en el Estado, freezar los sueldos más altos de organismos tales como la Afip y el Banco Central, suprimir viáticos, gastos en viajes y cargos en empresas públicas, entre otros) que, en las cuentas del ministro, implicarían un ahorro de unos $ 20.000 millones. El monto del ahorro que supondrían esas medidas es discutible. Pero aún si fuera así, todavía se estaría lejos del ahorro que reclama la reducción del déficit fiscal que se negocia para este año y el próximo con técnicos del Fondo Monetario.
La cifra que se barajó en la mesa chica del Gobierno es que el FMI exige un ahorro fiscal para el año próximo de unos $ 200.000 a $ 250.000 millones a valores de hoy. Si efectivamente fueran 200 mil millones, entonces los recortes anunciados representarían apenas el 10% del total. Es cierto que Dujovne ya anticipó también una poda de $ 30.000 millones en la obra pública. Pero todo indica que la tijera deberá seguir pasando sobre las obras proyectadas para este año y el próximo si se quiere cumplir con las nuevas metas que se acordarán con Washington. El presupuesto 2018 para la obra pública nacional era de unos $ 230.000 millones, frente a los $ 195.000 millones ejecutados el año pasado. Pero, en el primer cuatrimestre del año, el nivel de ejecución fue un 20% menor en términos nominales que en igual período del 2017. Si se siguiera con ese ritmo, este año se ejecutarían solo unos $ 160.000 millones en obras nacionales. Un “ahorro” mucho más significativo que el anunciado de los viáticos. Pero que obviamente tiene consecuencias económicas (en términos de actividad y empleo) y políticas menos agradables.
Por otro lado, hay que ver cómo queda la cuenta de los subsidios energéticos tras la devaluación, ya que la suba del dólar y del precio del petróleo incrementa el costo de las importaciones de gas. Si el Gobierno mantiene el objetivo de achicar la cuenta de subsidios, entonces debería anunciar para el año próximo nuevos aumentos de tarifas de luz y gas muy por encima de la inflación, que ya de por sí será mayor a la prevista. Otro aspecto delicado del ajuste en ciernes, que además podría profundizar la caída del consumo y la recesión en un escenario económico muy diferente al que la Casa Rosada imaginaba para el segundo semestre de 2018. Y sobre todo para el 2019, un año electoral clave.
Otra partida del gasto que disparó la devaluación es la cuenta del pago de intereses de la deuda en dólares: según cálculos preliminares, serían unos $ 30.000 millones más, casi $ 240.000 para este año. Sin embargo, en el equipo de Dujovne confían en imponer en la negociación con el FMI que las metas fiscales sean sobre el déficit primario (antes del pago de intereses), en lugar de sobre el déficit total, como pretendían los burócratas de Washington. Todo indica que lo lograrán. Sino el ajuste requerido sería todavía mayor.
