Fondos FAL: una nueva fuente de ahorro institucional para profundizar el mercado de capitales argentino

Luego de que el Gobierno definiera los instrumentos en los que podrán invertirse los recursos de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y la Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzara con la reglamentación para su implementación, el nuevo esquema comenzó a despertar mayor interés entre las empresas.

Sin embargo, su alcance excede al mercado laboral: por el volumen de recursos que podría movilizar, el FAL también puede tener efectos sobre el ahorro institucional, las cuentas fiscales y la profundidad del mercado de capitales, como mencionamos en un informe anterior.

Por el volumen de recursos que podrían acumular y el carácter recurrente de los aportes, el nuevo régimen tiene potencial para convertirse en una de las principales fuentes de ahorro institucional de largo plazo del mercado argentino.

Las estimaciones privadas ubican el flujo anual potencial en torno a USD 2.000 millones. Más allá de cuál termine siendo el volumen efectivo, la clave estará en su carácter acumulativo: año tras año, los aportes podrían conformar un stock creciente de recursos administrados a través del mercado de capitales.

El cambio no es menor para un mercado que desde la estatización de las AFJP, en 2008, perdió uno de sus principales inversores institucionales de largo plazo. Desde entonces, buena parte de las inversiones locales quedaron condicionadas por horizontes más cortos, la necesidad de liquidez y las estrategias de cobertura frente a la inflación y las variaciones del tipo de cambio.

El FAL podría comenzar a modificar gradualmente esa estructura al incorporar una demanda recurrente y con un horizonte de inversión diferente.

Un nuevo jugador para el mercado de capitales

Los recursos de los FAL serán canalizados a través de Fondos Comunes de Inversión (FCIs) o fideicomisos financieros autorizados por la CNV. De esta manera, una obligación futura de las empresas pasa a generar un flujo de ahorro intermediado por el mercado de capitales.

La regulación contempla un universo diversificado de activos elegibles, entre ellos títulos públicos nacionales, deuda subsoberana, depósitos bancarios y Obligaciones Negociables de alta calidad crediticia.

Esto puede tener efectos sobre dos variables que históricamente fueron una limitación para el mercado argentino: la profundidad y la liquidez.

Una demanda institucional que recibe aportes de manera periódica puede aportar mayor previsibilidad a las colocaciones, ampliar la base de compradores y, a medida que crezca el stock administrado, contribuir al desarrollo del mercado secundario. En el mediano plazo, esa mayor profundidad también podría favorecer emisiones de mayor plazo y reducir la dependencia de inversores con estrategias predominantemente tácticas.

El antecedente de las AFJP muestra hasta qué punto un inversor institucional puede convertirse en un jugador relevante para el mercado primario de títulos públicos, bonos corporativos y otros instrumentos financieros. La diferencia es que los FAL nacen con límites regulatorios más estrictos y con un universo de inversión más acotado, por lo que inicialmente su efecto estará concentrado en determinados activos y emisores.

En el caso de las ON, por ejemplo, la regulación permite destinar hasta un 20% de las carteras, con un máximo de 10% por emisor y requisitos elevados de calificación crediticia. En una primera etapa, esto favorecería principalmente a compañías grandes y con buena calidad crediticia.

El Tesoro también aparece entre los potenciales beneficiados

La contracara del crecimiento de este nuevo stock de ahorro institucional estará en las cuentas públicas. El costo fiscal del régimen podría ubicarse cerca del 0,3% del PBI en 2027, cuando el sistema funcione durante un ejercicio completo.

En 2026, el impacto sería menor debido a que su entrada en vigor está prevista para el 1° de noviembre.

La pregunta aparece porque el nuevo esquema reduce recursos que de otro modo ingresarían al sistema previsional, en un escenario en el que el margen fiscal continúa siendo limitado. La expectativa oficial es que una reducción de los costos asociados a la contratación formal pueda favorecer el crecimiento del empleo registrado y ampliar, con el tiempo, la base contributiva.

Sin embargo, existe una diferencia temporal: la reducción inicial de los recursos previsionales es inmediata, mientras que una eventual mejora de la formalización laboral será gradual y dependerá de la respuesta del mercado de trabajo.

Al mismo tiempo, parte de esos recursos volverá a encontrarse con el sector público por otra vía. Los títulos nacionales forman parte del universo de inversión permitido para los FAL, por lo que el Tesoro podría incorporar una nueva fuente de demanda institucional para sus emisiones y licitaciones recurrentes.

Así, el impacto fiscal del esquema presenta dos dimensiones: por un lado, el costo asociado a los recursos que deja de percibir el sistema previsional; por otro, la aparición de un nuevo comprador estructural de instrumentos de deuda pública.

De un costo incierto a uno previsible para las empresas

El otro efecto del FAL se juega directamente dentro de las compañías. El esquema no elimina la indemnización ni modifica el monto que corresponde al trabajador, sino que cambia la manera en que las empresas financian ese pasivo.

Actualmente, una desvinculación puede implicar un desembolso considerable y difícil de anticipar. Con el nuevo régimen, parte de ese costo pasa a fondearse mensualmente, transformando un pasivo contingente en una obligación financiera más previsible.

El cambio puede ser particularmente relevante para las pymes, donde una indemnización significativa puede generar un impacto considerable sobre el capital de trabajo y la liquidez disponible.

Una mayor previsibilidad sobre el costo de salida podría reducir parte de la incertidumbre asociada a la contratación formal y facilitar la planificación financiera de las empresas.

En definitiva, el FAL no elimina el costo indemnizatorio: cambia su forma de financiamiento. Tampoco puede dar certeza sobre otros costos asociados a la desvinculación ni sobre futuras modificaciones regulatorias.

Pero su impacto va más allá de las empresas. La aparición de un nuevo jugador institucional representa una oportunidad para fortalecer el mercado de capitales local, al incorporar una demanda recurrente de instrumentos financieros argentinos y generar una nueva fuente de ahorro de largo plazo. A medida que el sistema gane volumen, podría contribuir a ampliar las alternativas de financiamiento para el sector público y privado y reducir la dependencia del financiamiento externo.

Paso a paso: qué tienen que hacer las empresas para adherirse a los Fondos FAL

1. Elegir una Entidad Habilitada (EH) y el vehículo de inversión. La empresa deberá optar por un FCI abierto o un fideicomiso financiero autorizado dentro del régimen FAL.

2. La Entidad Habilitada verifica los requisitos y acepta a la empresa, constituyendo el PIC FAL correspondiente.

3. El empleador abre su Cuenta Individual, vinculada con la Entidad Habilitada elegida. Esa cuenta constituye un patrimonio separado y no se individualiza por trabajador.

4. La Entidad Habilitada asigna el “ID FALˮ, compuesto por el CUIT del empleador, la CBU del vehículo y el número de registro FAL.

5. El empleador informa ese ID FAL a ARCA en la forma, plazos y condiciones que ARCA establezca.

6. Declarar y pagar mensualmente la contribución FAL junto con las obligaciones de Seguridad Social.

ARCA deriva los fondos al vehículo elegido, que luego son administrados e invertidos por la Entidad Habilitada bajo las reglas del régimen.

Si la empresa no informa un ID FAL válido, no queda automáticamente fuera del sistema. El proyecto establece que, luego del procedimiento previsto, la CNV puede asignarle de oficio un PIC FAL entre las entidades que hayan manifestado voluntad de recibir esas asignaciones.

Adcap apuesta a la gestión estratégica de los FAL

Frente a la puesta en marcha de los Fondos de Asistencia Laboral, Adcap Asset Management diseñó una propuesta para la estructuración y administración de estos vehículos, con el objetivo de que las empresas puedan gestionar los aportes obligatorios dentro del nuevo marco regulatorio.

La propuesta contempla la estructuración integral del vehículo FAL, el diseño de una política de inversión alineada al perfil de cada empresa, la gestión profesional de los activos, el reporting periódico y el soporte regulatorio y operativo.

La estrategia parte de considerar al FAL no sólo como una obligación normativa, sino también como una herramienta de planificación financiera. Una administración profesional de los recursos puede permitir capitalizar los aportes, buscar rendimiento dentro de los límites establecidos por la regulación y generar mayor previsibilidad para afrontar futuras contingencias laborales.

Adcap Asset Management cuenta actualmente con $2,7 billones en activos bajo gestión y más de 45 Fondos Comunes de Inversión (FCIs) y en Fondos Dedicados por $1,29 billones, además de experiencia en la estructuración de fondos dedicados para empresas e instituciones. Sobre esa base, la compañía busca trasladar su experiencia en administración de activos al nuevo esquema de los FAL.