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El juez Julián Ercolini libró tres órdenes de allanamiento en Río Gallegos, en el marco de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. Se trata, tal como contó Clarín, de una ampliación del expediente que se enfoca en las responsabilidades de las autoridades provinciales en la "falta de control y favoritismos" que recibió el empresario K durante las gestiones presidenciales de los Kirchner.
Próxima a ser elevada a juicio oral la causa por la que, por primera vez, Cristina Kirchner fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita, la instrucción sobre una segunda parte del expediente derivó en una serie de allanamientos simultáneos en Río Gallegos.Los allanamientos solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita se realizaron desde la tarde en la casa de Gobierno de Santa Cruz, en el ministerio de Economía y en el Tribunal de Cuentas en la capital santacruceña. La justicia busca la documentación vinculada a los 52 contratos viales que recibió el Grupo Austral por $ 46.000 millones. En esta causa, Cristina está acusada de favorecer a su socio comercial Lázaro Báez con 52 contratos por $ 46.000 millones. No será la única instancia de la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita avanza sobre las responsabilidades de los ex gobernadores de Santa Cruz que estuvieron al frente de la provincia cuando esos contratos quedaron inconclusos y con sobreprecios. Además, se investiga a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo. La ex presidenta ya pidió ir a juicio oral en la investigación en la que junto a los ex funcionarios Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, y el empresario Lázaro Báez -todos presos-, fue acusada de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta por el direccionamiento de la obra pública vial a favor del Grupo Austral. El empresario K obtuvo un “flujo de dineros estatales” a través de la obra pública, que le permitió un incremento de su patrimonio -según la Justicia- del 12.127 % y el de Austral Construcciones, su firma insignia, del 45.313%. Esto fue posible “con la anuencia de funcionarios nacionales como provinciales”, indicaron fuentes judiciales. En la mira están las ex autoridades provinciales: los ex gobernadores Carlos Sancho, Daniel Peralta y no se descarta a Sergio Acevedo. Para la fiscalía no se cerró la investigación. Por un lado, se investiga la responsabilidad de los ex jefes de Gabinete desde 2005 a 2015 por las disposiciones que permitieron "el flujo de fondos destinado a la obra pública para Santa Cruz que terminó en manos de Báez", indicaron fuentes judiciales. En ese período, el cargo lo ocuparon Alberto Fernández, Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Por otro lado, se avanza en las responsabilidades de la administración santacruceños y por ello se ordenaron los tres allanamientos a cargo de las fuerzas federales. ¿Por qué Pollicita avanza en este sentido? Durante las indagatorias que se tomaron en la causa, ex directivos de Vialidad Nacional y otros ex funcionarios señalaron que gran parte de las decisiones sobre los contratos “plagados de irregularidades”, se tomaron en Santa Cruz. La premisa es que las autoridades provinciales "también permitieron configurar el esquema de beneficios exclusivos diseñado en favor de Báez". La fiscalía apunta a la "connivencia y tráfico de información con Báez" y "falta deliberada de controles" exponiendo "la complicidad de funcionarios", y se concentra ahora en Santa Cruz.