“Tarifazo”, recorte del gasto social, congelamiento de la planta del sector público y moderación de la suba salarial en pleno año electoral. ¿Hasta cuándo durará el silencio de CFK?
La meta fiscal fijada por el FMI para 2023 es de 1,9% del PBI (desde el 2,5% del PBI en 2022). Luce como un ajuste en el margen, sin embargo, el Fondo Monetario aclara en la segunda revisión que el esfuerzo fiscal deberá ser de al menos un 0,9% del PBI para 2023. Ya que no le dejará al Gobierno usar el “artilugio” de tomar como ingresos a la “Rentas de la propiedad” (en 2022 se registraron ingresos por este concepto por 0,3% del PBI):
El Gobierno en 2022 tomó como ingresos fiscales a la diferencia entre el valor nominal y el valor efectivo de esos bonos CER, hasta un tope del 0,3% del PBI fijado por el propio FMI.
El ajuste fiscal de 2023 será mayor al esperado. Además, el FMI en el documento de la segunda revisión de metas, le pone números a las medidas que debería tomar el Gobierno para achicar la “brecha fiscal”.
Una de las medidas más fuertes en términos fiscales es “achicar” en un 0,7% los programas sociales. Actualmente, apuntan a terminar en 2022 en 1,7% del PBI y pasarían a solo un 1% del PBI. Es decir, el FMI le exige un recorte del 40% en los programas en pleno año electoral.
En 2020 la partida “otros programas sociales” se multiplicó por 5 veces debido a la disparada del Gasto Covid en plena pandemia y “cuarentena dura”. Ya en 2021 se redujo un 43%. Y en 2022 esta partida es equivalente al 1,7% del PBI (se mantuvo en porcentaje del PBI). Pese a ello, aun será 1,1 % superior al año 2019 (0,6% PBI en 2019 vs 1,7% en 2021).
El FMI reclama ahora que sea la partida con mayor ajuste en 2023.
El FMI también incluye un 0,5% del PBI de reducción de los subsidios económicos para poder acercarse a la meta del 1,9% de déficit fiscal primario en 2023. Es decir, “tarifazo” y quita de subsidios económicos. En 2022 hubo un ajuste tarifario pero quedará muy por detrás de la inflación que apunta a terminar el año cerca de del 100%.
El FMI exige que se mantenga el “congelamiento” de la planta del personal del sector público, se moderen los aumentos salariales y que se controle el gasto (discrecional) de transferencias a las provincias.
Así el Gobierno podría cumplir con la meta fiscal y también llevar adelante el programa de obras pública (focalizado en Vaca Muerta) y financiar la elección de 2023 sin tener que recortar otras partidas del gasto.
Este set de medidas que “recomienda” el FMI generará tensión adicional “puertas adentro” de la coalición del Gobierno, en especial en un año electoral con una economía con la inflación volando y la actividad enfríandose (o en recesión).
A su vez, si Massa no logra consenso para llevar adelante el ajuste y Cristina empieza a criticar, como hizo con Guzmán, más abiertamente la política económica, el riesgo es que se vuelvan a desanclar las expectativas, se complique el “roll-over” de la deuda en pesos en pleno proceso electoral y se amplíe la brecha cambiaria.
