Sin tregua, intendentes del PJ bonaerense montaron ayer la primera rebeldía política del 2018 contra María Eugenia Vidal. La acusaron de quitarles fondos y de tratar de imponerles, "sin consenso", un ajuste en sus distritos.
Trece jefes comunales del interior provincial se reunieron en Alberti, al noroeste de la provincia, para emitir un documento donde rechazan el "pacto fiscal" que la gobernadora quiere aplicar en los distritos.
Los alcaldes sostienen que Vidal "pretende hacer adherir a los Municipios Bonaerenses sin haber generado ningún tipo de trabajo dialogado y consensuado" y reclaman una mesa de trabajo entre Nación, Provincia y municipios.
El trámite es así. La gobernadora firmó, con otros 22 mandatarios -salvo Alberto Rodríguez Saá, de San Luis- el "Consenso Fiscal" con Mauricio Macri que incluye, en el inciso O del capítulo III, el compromiso de "establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su cumplimiento".
El esquema toma como base el modelo que redactó, con acuerdo de casi todas las provincias, el Consejo Federal para la Responsabilidad Fiscal y fija una serie de parámetros: que el gasto no aumente más que la inflación, que la deuda no supere el 10% de los recursos corrientes y que no aumenten el personal más allá de la variación poblacional.
"Nosotros eso ya lo venimos haciendo, la mayoría de nosotros hizo los deberes para tener las cuentas ordenadas", dijo Francisco "Paco" Durañona, intendente de San Antonio de Areco, y uno de los trece que firmó el documento.
De fondo, aunque la ley pasó por la Legislatura, los intendentes sostienen que la norma "avanza fuertemente en las autonomías municipales" porque "su aplicación disminuye facultades constitucionales de los Municipios" y, a la vez, "generaría más ajuste sobre las familias del interior" de la provincia.
