Los ruidos generados en el fin de año con el traspié del Gobierno en el Congreso en el manejo del proyecto de ley para modificar el impuesto a las Ganancias, también se moderaron. La menor volatilidad global sumada al cambio de Gabinete, al rotundo éxito del blanqueo de capitales, la ayuda de JPMorgan vía la incorporación de la deuda en pesos de Argentina a su índice de bonos en monedas locales, la eliminación del encaje para el ingreso de capitales de no residentes y el anuncio de un programa financiero duro pero financiado en un 50% antes de salir al mercado, contribuyó a la recuperación de los activos financieros locales que habían sido golpeados antes del fin de año. Esto sumado a un cambio de calendario, donde la combinación de la expansión fiscal de diciembre con salarios que empiezan a ganarle a una inflación que se desacelera, y una mejora, muy en el margen, de la economía Brasileña empiezan a entregar mejores señales después de un año de ajuste
El año recién arranca, y los factores exógenos no los maneja la política, la posibilidad en el corto plazo de apalancar la economía y financiar en simultáneo el plan de obra pública, más algún grado de atraso cambiario que asegure salarios por encima de la inflación en 2017 (los dos ejes de nuestro escenario base), aparece nítida, al menos hasta octubre. A contramano, el clima complicó la cosecha gruesa generando, todo lo demás estable, una caída en la expectativa de crecimiento del PIB para el año que recién arranca de entre dos y tres décimas.
En relación a la obra pública, la política finalmente cerró filas. La concentración de las funciones en el Ministerio de infraestructura que ahora, además va a manejar el Plan Procrear, y el aumento en la coordinación entre la pata que define la política fiscal (Jefatura de Gabinete) y la que la ejecuta (Ministerio de Hacienda) muestran la intención de concretar en los primeros 9/10 meses de 2017 la totalidad de los gastos de capital incluidos en el Presupuesto ($236.000 millones, 40% más que el ejecutado este año, 90% más cuando se contabiliza la dinámica hasta las elecciones y más de 100% cuando se contabilicen los primeros seis meses). Estos números cobran una mayor relevancia teniendo en cuenta que, además, el año pasado parte de lo pagado -sobre todo al principio- fue para cancelar certificados de obra ya ejecutados además de la renegociación de los contratos hacia adelante, que en no pocos casos no incluyen aumentos a pesar del salto en los costos. Dicho de otro modo, el aumento nominal en 2017 (precios y cantidades) sería parecido al aumento real (cantidades), por lo que el impacto directo de la inversión pública sobre el PIB podría llegar a representar en forma directa cerca de 2 p.p.
El nuevo Ministerio de Hacienda llega con una impronta fiscalista, y con la promesa de cumplir a rajatabla las metas fiscales preanunciadas en un año electoral, con un 45% del Gasto indexado al pasado, un aumento de casi 0.8 p.p. del PIB adicional por la reparación histórica a los jubilados y una reducción en las alícuotas efectivas de ganancias y mínimas de retenciones que en conjunto costarían 0,5% del PIB adicionales. Lo interesante es que los ingresos extraordinarios que generó el blanqueo permitirían mostrar la mejora anunciada, a pesar de las necesidades fiscales en el año electoral. De hecho, el 4,6% en 2016 (dos décimas por debajo de la meta) incluye ingresos adicionales por $95.000 millones -1,3% del PIB-) que junto al aumento en el PIB nominal, permitieron sobrecumplir la meta de 2016, cancelando en simultáneo deudas flotantes que acolchonan el arranque de 2017. Esta situación de partida, sumada a los ingresos remanentes del blanqueo en 2017 (estimados en $50.000 millones, $35.000 millones adicionales a los $15.000 millones ya ingresados a fin de 2016 que se contabilizarían este año) y la venta de algunos activos que serían computados por arriba de la línea (acciones del Fondo de Garantía de la ANSES y las dos Centrales Térmicas que se construyeron durante el Gobierno anterior), más algún aumento en la deuda flotante después de las elecciones y algún cambio en la definición del resultado primario permitirían cumplir con el objetivo de déficit primario incluido en el presupuesto de 4,2% del PIB. Distinto resultado, al que arroja nuestra proyección original de 4,8% del PIB consistente con recursos creciendo al 23% y gastos aumentando 24%, con algo de contabilidad creativa en el manejo estadístico de gastos y recursos.
Este número de déficit fiscal primario (4,2% del PIB) es el que incluyó el Ministerio de Finanzas en la presentación del programa financiero justo antes del Road Show previo a la colocación de deuda en los mercados internacionales por US$7.000 millones a 5 y 10 años con tasas de 5,625% y 7% respectivamente. Con esta colocación sumada al préstamo sindicado con Bancos internacionales por US$6.000 millones, US$1.000 millones adicionales de organismos internacionales de crédito y el refinanciamiento de las Letes en dólares que flotan en el mercado, el Gobierno ya cubrió que gran parte de las necesidades de divisas del año que arranca. El desafío en los meses que siguen consiste en cubrir una brecha de pesos equivalente a $338.000 millones (3,2% del PIB, 50% de las LEBAC que flotan en el mercado y 25% de los depósitos de los bancos) una vez contabilizado el financiamiento monetario sin dañar la recuperación de la economía (crowding out) y sin generar un atraso cambiario mayor al requerido para asegurar la recuperación del salario real, que podría coordinar una toma de ganancias antes de tiempo. En este punto, la coordinación de la política fiscal y monetaria, dando liquidez vía algún desarme de LEBAC y ampliando los límites a los bancos para que el Tesoro tome pesos en el mercado y o comprando reservas (si se vuelve a colocar deuda en moneda extranjera), será indispensable paracumplir este objetivo, sobre todo si el mundo en algún momento se complica.
Informe Estudio Bein y asociados
