Tras la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública, el periodista y economista Maxi Montenegro analizó en su editorial de LN+ el trasfondo económico y político del conflicto universitario. Lejos de las simplificaciones partidarias, el conductor puso la lupa sobre la ejecución presupuestaria real, el peso de la masa salarial y el impacto del ajuste general del Gobierno. Desde Plan M repasamos el editorial
La puja política y el verdadero eje de la discusión
Montenegro advirtió que en el debate público conviven dos lecturas extremas que corren el eje central del problema. Por un lado, se ubican sectores de la oposición radicalizada que operan bajo la lógica de “cuanto peor, mejor”. Por el otro, el oficialismo intenta encuadrar la discusión en la grieta política y denuncia supuestas maniobras destituyentes para desestabilizar la gestión. Montenegro comparó este discurso oficial con la etapa final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, caracterizada también por la obsesión ante eventuales conspiraciones por fuera del cauce institucional.
Para el analista, esta confrontación política oculta la raíz estructural del conflicto. La situación de las casas de altos estudios no responde a una ofensiva aislada contra la educación, sino que se inscribe directamente en el programa de ajuste fiscal aplicado por el Gobierno nacional con el propósito de estabilizar la economía.
La motosierra en perspectiva
Para dimensionar el ajuste a las universidades, Montenegro trazó una comparación con el resto de las partidas del Estado nacional. El sector más golpeado por la reducción del gasto es la obra pública, donde la inversión se desplomó un 80% desde 2024. Según detalló el economista, mientras que hasta 2023 —ya fuera bajo las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri o Alberto Fernández— se destinaban 100 a infraestructura vial, hoy apenas se invierten 20.
Esta caída ubica a la Argentina en su tercer año consecutivo (2024, 2025 y 2026) con el menor nivel de obra pública en rutas, caminos y puentes desde la salida de la convertibilidad en 2002. Frente a la justificación del oficialismo, que argumenta la existencia de hechos de corrupción comprobados en la justicia como en la causa Vialidad, Montenegro señaló que esa explicación resulta deficiente: frenar la obra pública por irregularidades denota incapacidad para gestionar y transparentar las cuentas públicas.
En contraste, el recorte en las universidades nacionales no alcanza la virulencia observada en las obras viales, pero se ubica en sintonía con la contracción general del gasto público nacional, que registra una reducción del 30% en términos reales respecto de los niveles previos a la asunción del presidente Javier Milei.
Un ajuste real del 30% y el impacto directo en los salarios
Al examinar las planillas oficiales de ejecución presupuestaria acumulada entre enero y septiembre, Montenegro remarcó que las universidades nacionales contaron con 4,5 billones de pesos a valores constantes de septiembre de 2026. Esa suma representa aproximadamente 2 billones de pesos menos que en ejercicios equivalentes de Mauricio Macri, el año 2022 de Alberto Fernández o el 2015, lo que configura un ajuste concreto del 30,8% en los fondos universitarios.
El nudo crítico de este recorte radica en la conformación del gasto. Montenegro enfatizó que el 90% del presupuesto de las universidades nacionales se orienta exclusivamente al pago de salarios de docentes y no docentes. Por este motivo, cualquier recorte presupuestario golpea de forma directa e inmediata el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.
Esta situación genera una fuerte conmoción interna y desató la fuga de profesores de las universidades publicas hacia las universidades privadas. De acuerdo con Montenegro, se observa por primera vez en mucho tiempo una marcada segmentación educativa entre universidades privadas de elite con remuneraciones sensiblemente superiores y las universidades públicas.
Números en pugna: 0,2% del PBI y la frazada corta fiscal
El presupuesto global proyectado para el sistema universitario este año ronda los 6 billones de pesos (a razón de 500.000 millones de pesos mensuales), lo que consolida una brecha del 30% respecto de los parámetros históricos y de lo establecido por la ley de financiamiento universitario. Si bien el Gobierno no aplicó recortes adicionales sobre las partidas universitarias respecto del año previo —a diferencia de las provincias, que sufrieron un recorte absoluto del 60% en transferencias corrientes discrecionales—, la pérdida acumulada se mantiene.
Frente al reclamo de recomponer los sueldos del personal docente y no docente, Montenegro detalló las variables financieras en juego:
- Se requeriría elevar el gasto un 30%, lo que llevaría el presupuesto total a cerca de 8 billones de pesos.
- La diferencia es de 2 billones de pesos adicionales, equivalente al 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB).
¿Pone en riesgo este 0,2% del PIB el equilibrio fiscal? Montenegro explicó que la Argentina sostiene un superávit fiscal primario del 1,4% del PIB antes del pago de intereses de deuda. Sin embargo, advirtió que el margen de maniobra oficial es estrecho: la recaudación tributaria acumula ocho o nueve meses consecutivos de caída en términos reales y la economía permanece estancada, obligando al Gobierno a convivir con la “frazada corta”.
La batalla cultural y la reasignación de partidas
Más allá del tablero financiero, Montenegro remarcó que el Ejecutivo afronta una complicación política de envergadura, visible tanto en la masividad de la protesta callejera como en las tensiones dentro del Congreso. En el tramo final de su análisis, el economista subrayó cómo la insistencia oficial en el lema de que “no hay plata” empieza a mostrar grietas frente a la opinión pública, y cerró su editorial interpelando directamente la lógica de la administración libertaria:
“El gobierno insiste en que no hay plata para las universidades y lo que le plantean del otro lado, y me parece que el gobierno viene perdiendo ahí la batalla cultural, es: bueno, además de usar la motosierra, ¿Porque no reasignan gasto público? ¿O se terminaron los ñoquis en el gasto público nacional? ¿O se terminó el gasto ineficiente? ¿No hay forma de reasignar recursos dentro del presupuesto nacional?”.
